La crisis desploma la construcción de la vivienda protegida en Galicia

La supresión de las ayudas estatales para la adquisición de pisos protegidos puede suponer la puntilla a una oferta que en Galicia se ha desplomado con la crisis económica. Aunque la vivienda de precio tasado siempre ha tenido en esta comunidad un peso limitado, muy alejado de la posición preferente de la que goza en el discurso político, el fuerte impacto de la recesión sobre el sector inmobiliario ha reducido el número de calificaciones para iniciar pisos de ese régimen a la tercera parte de las que se tramitaban antes de la crisis. La construcción de esas viviendas apenas llega ahora al 10% del total, cuando por ley debería representar del 30 al 40%. Según los datos de la Xunta, las calificaciones provisionales expedidas el año pasado para edificar pisos con algún régimen de protección ni siquiera llegaron al millar (933), la mitad del balance del 2008 (1.824). El número de viviendas finalizadas para las que se tramitó la calificación definitiva fue de 1.702 en el 2009, frente a las 2.932 rematadas en el 2008. Esos indicadores han mejorado levemente este año, con 1.104 peticiones de calificación para construir pisos y 1.053 calificaciones definitivas. Además, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) contabiliza 3.592 viviendas que tienen la autorización provisional, pero no han recibido la definitiva, por lo que se encontrarían en construcción o paralizadas en espera de tiempos mejores. Cae la edificación, por las dificultades de los promotores para obtener liquidez; y se retrae la demanda, ante los obstáculos de los compradores para suscribir hipotecas. Mudanza de políticas Este escenario no tiene nada que ver con el que trazó el anterior Gobierno bipartito cuando impulsó la Lei de Medidas Urxentes en Materia de Vivenda e Solo y el Plan Sectorial de Solo Residencial. Con aquella norma elevó del 20 al 30% la obligación de los concellos de destinar suelo para pisos protegidos, una reserva que debe llegar al 40% en las ciudades y núcleos con más de 20.000 vecinos. El plan de suelo puso cifras a la apuesta, con la previsión de levantar 45.600 pisos de precio tasado hasta el 2017. Los números procedían de las solicitudes presentadas en el Rexistro Único de Demandantes, que constató la concentración del 90% de las solicitudes a lo largo del eje atlántico. Solo Vigo y A Coruña copaban el 70% de la demanda total. Pero el Gobierno de Feijoo tumbó la estrategia bipartita. Se apuntó un tanto con los concellos, al paralizar un plan de suelo que había suscitado protestas en la mitad de los 57 municipios en los que Vivenda quería aplicarlo, y puso en marcha un nuevo registro, con el argumento de que el anterior distorsionaba con datos inflados la demanda real de pisos de protección. En esta tesitura, las Administraciones han echado mano de la tijera. El Ministerio de Vivienda ya anunció antes del verano la supresión de la ayuda estatal directa a la entrada. Esta decisión tendrá una fuerte repercusión en Galicia. Al contrario de lo que sucede en otras comunidades, la diferencia de precio entre un piso libre y otro protegido es aquí más reducida, lo que convierte las subvenciones en el principal atractivo para decantarse por la segunda opción. Hasta 12.000 euros menos La decisión ministerial privará a los nuevos compradores de una subvención estatal que oscilaba entre 5.000 y 12.000 euros. Esa ayuda complementaba otra de carácter autonómico, cuyo importe se sitúa entre los 2.000 y los 12.000 euros. Además, el ministerio ha eliminado la reserva de eficacia, que equivalía al 20% de los fondos que destinaba a financiar los programas, y que repartía a las comunidades en función del cumplimiento de objetivos. La Xunta sostiene que Vivienda ha comenzado a rechazar la financiación para adquirir pisos protegidos a ciudadanos «que en moitos casos poden ter xa contratos de compra asinados e fianzas entregadas». Y, si el ministerio rechaza el préstamo, el comprador se queda sin ayudas. ¿Y qué pasará con la subvención de la Xunta? El secretario del IGVS, Heriberto García, asegura que las mantendrá en unos Presupostos que el Gobierno deberá rebajar en 1.000 millones.

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