Las bajas que rozan la temeridad en las obras públicas y los posteriores modificados de proyecto que proponen las adjudicatarias suelen tener dos motivos. El primero -peligroso- consiste en tratar de reequilibrar económicamente la baja excesiva una vez que se ha salido airoso del concurso con el resto de firmas aspirantes. Otro motivo -más comprensible- resulta inevitable cuando surgen imprevistos en la ejecución o el proyecto constructivo no tiene la calidad suficiente y es necesario enmendarlo sobre la marcha. En cualquier caso, lo que interesa al contribuyente es, sin duda, cuál es el precio real de una obra. ¿Es el que figura en los pliegos de licitación o el que surge de la adjudicación de la obra? La experiencia demuestra que el coste final se acerca más al precio estimado que fijan los Gobiernos cuando sacan a contratación las infraestructuras, de ahí que las nuevas ofertas por las que se inclina la Xunta en la autovía de la Costa da Morte sean, en principio, más realistas.
Todas las Administraciones, incluida la gallega, han tomado cartas en el asunto ante unas rebajas que finalmente no son tales o, si lo son, es a costa de la calidad de la obra, de presupuestos futuros o de retrasos inasumibles. De ahí que antes de dejarse seducir por las tentadoras ofertas económicas sea necesario hacer una criba técnica que descarte a quienes escatiman más en las calidades y, en el caso del peaje en la sombra, en el crucial mantenimiento futuro. Tal y como está la situación presupuestaria es mejor caminar sobre seguro y no dejar en herencia sobrecostes imprevistos a los Gobiernos que vendrán. Nadie, y menos en estos tiempos, da duros a cuatro pesetas.
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