El Bloque se desmarca de la medida por entender que la reducción del déficit no es la solución a la crisis.
23 jun 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Parlamento gallego aprobó ayer, con el apoyo del PP y el PSdeG, la modificación presupuestaria impulsada por la Xunta para recortar entre un 15% y un 5% los salarios que perciben los empleados públicos, tanto los cargos políticos o de confianza como los 93.000 funcionarios de la Administración autonómica, una medida con la que el Gobierno gallego ahorrará en torno a 100 millones de euros en lo que queda de año. El BNG se desmarcó de los demás grupos con su voto en contra, por entender que las medidas para reducir el déficit público no son la solución a la crisis económica.
Antes del inicio del pleno, la Mesa del Parlamento se reunió para aprobar una reducción salarial similar para los 75 diputados autonómicos, de entre el 10% y el 15%, ampliándola a los 85 funcionarios de la Cámara, que verán su remuneración recortada en un 5% a partir de este mes de junio. En este caso, la decisión salió adelante con el respaldo de todos los grupos, incluido el Bloque.
La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, fue la encargada de subir ayer a la tribuna de O Hórreo para remarcar que el recorte de la masa salarial propuesto por la Xunta solo pretendía «dar cumprimento á normativa básica do Estado» y al plan de ajuste del gasto promovido por Zapatero. «É unha decisión adoptada por imperativo do Goberno central», manfiestó la conselleira, que no ahorró crítica a Madrid al abundar que el recorte del gasto de ahora era «para pagar os excesos de anos pasados», en lo que la Administración central «non tiña un de cada dez euros» que gastaba.
Impuesto sobre el salario
Fernández Currás llegó a criticar abiertamente la medida que se disponía a aprobar, alegando que no contribuirá a solucionar la crisis, sino únicamente a aminorar el déficit público, pues en su opinión el recorte de las remuneraciones públicas se trata «de algo moi próximo a un imposto sobre o salario», que el sector privado no va a asumir en toda su extensión.
Derivar el ahorro a la sanidad
La socialista María José Caride defendió una enmienda a la totalidad de la ley de la Xunta, en la que pedía que el ahorro que logrará el Gobierno gallego con el recorte salarial, que cifró en unos 700 millones de euros para el conjunto de la legislatura, se destine a financiar la sanidad y el gasto universitario, especialmente a dotar con recursos propios el nuevo hospital de Vigo. En todo caso, cuestionó que el PP vaya «máis aló» que el Gobierno central, y amplíe el recorte salarial a los convenios y conciertos de la Xunta.
La enmienda del PSdeG fue rechazada con los votos del BNG y el PP, pues los populares subrayaron que el ahorro tiene que dirigirse a reducir el déficit, aunque ello no impidió que los socialistas acabaran sumándose al texto impulsado por el Ejecutivo «por responsabilidade política», aclaró Caride, ya que al fin y al cabo venía condicionado desde Madrid.
El nacionalista Suárez Canal mostró una «discrepancia de fondo» con el recorte, por entender que las medidas dirigidas a contener el déficit público no son la solución a la crisis. De igual modo, cuestionó que el Parlamento gallego adopte decisiones «que se toman noutros ámbitos», en alusión al Congreso, algo que, en su opinión, convierte a la Cámara autonómica en un «correveidile».