Los jueces confirman un plan parcial cuestionado por la anterior Xunta y otros cinco criticados por ecologistas
10 jun 2010 . Actualizado a las 02:10 h.El Concello de Sanxenxo ha logrado ganar dos importantes batallas judiciales después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fallase a su favor en dos contenciosos presentados por la anterior Xunta y los ecologistas de Salvemos Pontevedra. El resultado es que el alto tribunal considera que no hay irregularidades en seis desarrollos urbanísticos en el municipio, lo que se traduce en la autorización de más de 1.400 viviendas, la mayor parte de ellas en el ámbito costero.
De esta forma, se autoriza la ejecución de 161 viviendas en Major, otras 562 en Os Cotos, 407 en A Granxa, y las restantes en Soutullo, Foxos y Pociñas. De todos ellos, el que suscitó más polémica en su día, con un fuerte enfrentamiento entre Xunta y Concello, fue el caso de la urbanización de Major.
A la hora de hacer una lectura política del resultado de este último recurso, el gobierno municipal de Sanxenxo se mostró ayer muy duro con los responsables autonómicos del bipartito. Fuentes del Concello no dudaron a la hora de describir la actuación de los anteriores responsables de la Consellería de Medio Ambiente como una «campaña de acoso e derribo» contra la alcaldesa popular Catalina González y su equipo.
Según una portavoz del Ayuntamiento, la sentencia del caso de Major «ratifica o correcto proceder do Concello de Sanxenxo na tramitación deste solo e confirma o acoso ao que foi sometida esta Administración por parte do anterior Goberno da Xunta de Galicia».
A la hora de señalar culpables, el gobierno local responsabilizó al actual secretario xeral del PSdeG-PSOE y anterior conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, y a la portavoz municipal socialista, Dulcinea Aguín. A esta última, la acusó de anteponer los intereses de su partido a los de los vecinos.
Según estas fuentes, la anterior Xunta del bipartito «só buscaba grandes titulares nas portadas dos xornais para desprestixiar a nosa labor» al cuestionar el modelo urbanístico del municipio. El Concello recalcó que el PXOM se aprobó en el 2003, con los informes favorables de las distintas Administraciones y que las críticas que recibió el gobierno local de parte de la anterior Xunta fueron intentos de «demonizar» un plan urbanístico perfectamente legal.
Silencio administrativo
El conflicto que enfrentó al Ayuntamiento de Sanxenxo con la Consellería de Medio Ambiente por la urbanización de Major se basó en la obligación o no de que este plan parcial tuviese que pasar el proceso de evaluación ambiental estratégica.
Medio Ambiente recibió el 8 de agosto del 2006 la copia del plan parcial aprobado inicialmente por el pleno para su informe preceptivo. Este último no se emitió en el plazo señalado por la normativa en vigor en ese momento.
La conclusión para el Concello fue que el plan parcial quedaba aprobado definitivamente por silencio administrativo. No lo entendió así la Xunta del bipartito, que en junio del 2007 reclamó al Concello que anulase el proyecto de urbanización de Major y lo sometiese a evaluación ambiental.
El Ayuntamiento se negó a someterse a este trámite y la consellería llevó la polémica al Tribunal Superior de Xustiza, que finalmente ha fallado a favor de la tesis municipal. Para los magistrados, la Xunta perdió su oportunidad al no informar en plazo. Considerar que el requerimiento posterior impediría la aprobación definitiva «sería dejar sin efecto la regulación del silencio administrativo», según resalta la sentencia.