El jurado declara culpables a los tres imputados por el caso Gondomar

La gestión pública del urbanismo de Gondomar estuvo sometida a prácticas de extorsión entre finales del 2006 y principios del 2007, tal y como dictaminó ayer el jurado popular encargado de fallar sobre la implicación en dichos usos de dos concejales del gobierno de la villa y un arquitecto contratado para desarrollar tres proyectos de viviendas y suelo comercial.

Los nueve integrantes del tribunal popular consideraron, tras un día de deliberaciones, que el entonces concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez; el que era portavoz municipal del PP y edil de Cultura, José Luis Mosquera, y el arquitecto Francisco de Borja Ramilo formaban una trama para lograr 540.000 euros de tres promotoras a cambio de facilitar el desarrollo de sus convenios urbanísticos firmados con el Ayuntamiento pontevedrés. La cifra con la que se inició la vista alcanzaba los 960.000 euros, pero el fiscal la rebajó tras oír en la sala el testimonio de uno de los extorsionados.

Para el jurado, la culpabilidad de los imputados resultó tan clara que votaron todas y cada una de las consideraciones por unanimidad. Para ellos, el reconocimiento de su culpabilidad, tanto del ex concejal de Cultura como del arquitecto, y la incriminación que hicieron en la misma actividad ilegal del responsable de Urbanismo, constituyeron una prueba más que evidente para declarar la implicación de todos ellos, consideración que apoyaron en las grabaciones secretas realizadas por la Guardia Civil y las declaraciones de los testigos.

El veredicto deberá ser ahora traducido a penas concretas por parte del juez en el plazo de diez días, pero contando como tope máximo las multas solicitadas por el fiscal, que previamente había retirado la acusación de cómplice para la novia de José Luis Mosquera, a pesar de haber sido encontrado en su bolso el primer pago de la extorsión en una operación montada por la Guardia Civil.

Límites para la sentencia

El magistrado deberá así decidir si impone a Alejandro Gómez, como propuso el ministerio público, la pena de 1.080.000 euros ?el doble de lo solicitado en la extorsión? o si rebaja dicha cantidad, que podrá ser sustituida por un día de prisión por cada cien euros impagados, con un límite máximo de un año de reclusión, que en todo caso no se haría efectiva al no contar con antecedentes.

La defensa de Gómez solicitó al juez que, en lugar de ser condenado su cliente con el doble de la cantidad exigida a los promotores, se le aplique la fórmula de «al tanto», para pagar como sanción en ese caso solo los 450.000 reclamados. Además, tanto para el ex edil de Urbanismo como para el de Cultura se reclaman a mayores seis años de inhabilitación para cargo público. Para este último, José Luis Mosquera, la multa solicitada es de 135.000 euros, tras rebajarle el fiscal en un 93% la inicialmente reclamada por haber colaborado con la Justicia y desvelar dos casos de extorsión distintos al investigado. De ese mismo beneficio se aprovechará el arquitecto que, como máximo, podrá ser condenado a pagar 70.500 euros y a 15 meses de prohibición de trabajo para la Administración.

Alejandro Gómez, el único de los tres que no había admitido su culpabilidad, aseguró al conocer el fallo que tratará de seguir demostrando su inocencia «hasta el final, porque sigo sintiéndome inocente». Su abogado anunció que recurrirán la sentencia «porque había material para absolverlo», aunque considero «lógico el veredicto del jurado, al estar compuesto por personas que no saben cómo funciona la vida municipal». Anunció además el letrado que apelarán la legalidad de las escuchas telefónicas realizadas hasta las últimas instancias posibles.

El fiscal considera que se ha marcado un antes y un después para los casos de corrupción

Notablemente satisfecho tras haber logrado la declaración de culpabilidad para los tres imputados, el fiscal provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, aseguró ayer que el juicio del caso Gondomar «marcará un antes y un después» en el seguimiento de las investigaciones de corrupción urbanística. El fiscal recalcó así la utilidad lograda con las escuchas telefónicas, ya que, según indicó, las investigaciones sobre este tipo de denuncias «antes se hacían sobre el papel y ahora tienen un peso fundamental las técnicas policiales».

Aladro volvió a considerar que el edil de Urbanismo «era quien daba garantías» a los extorsionados del desarrollo de sus proyectos y utilizaba a su compañero «que hacía caja porque se iba» de la corporación. El fiscal quiso indicar que el cohecho «no es un delito que ocurra todos los días», pese a las insinuaciones de los abogados de la defensa, «pero si yo me entero de que hubiera más, no duden de que se sentarán en el banquillo», aseguró.

Reacciones políticas

Alberto Núñez Feijoo pidió ayer al resto de los partidos que actúen con la misma celeridad con la que él aseguró que actuó el PP al romper relaciones con los dos ediles de Gondomar. La sentencia fue aprovechada por el PSdeG para reclamar más filtros de control en la gestión urbanística municipal, mientras que el BNG culpó directamente a Feijoo y a Rafael Louzán de la corrupción surgida en Gondomar.