El recorte, que también afectará a los altos cargos en un 8%, está previsto que entre en vigor en la nómina de junio.
03 jun 2010 . Actualizado a las 16:48 h.El Consello de la Xunta ha dado hoy el visto bueno al recorte de sueldos del presidente, los conselleiros, los altos cargos y los empleados públicos para dar acomodo al decreto aprobado por el Gobierno central sobre las medidas de ajuste.
De este modo, el presidente, Alberto Núñez Feijoo, verá reducido su sueldo en un 15 por ciento, los conselleiros un 10 por ciento y los altos cargos un 8 por ciento, mientras que el recorte medio para los empleados públicos será del cinco por ciento.
El recorte está previsto que entre en vigor en la nómina de junio, ya que antes el Parlamento debe aprobar un proyecto de ley de modificación de la ley de presupuestos.
Núñez Feijoo mostró su disconformidad con el Real Decreto aprobado «en solitario» por el Gobierno y con el «único voto» del PSOE en el Congreso, «sin consultar y sin informar» a las comunidades autónomas.
«Los recortes no son para solucionar la crisis, sino el déficit público creado por la improvisación del Gobierno central, por su falta de austeridad en los últimos seis años», señaló el presidente gallego.
El jefe del Ejecutivo autonómico explicó que los conselleiros se bajarán el sueldo en el mismo porcentaje que los Secretarios de Estado, «a pesar de que cobran menos», al igual que los secretarios generales y directores generales, que se bajarán los salarios en la misma medida que sus homólogos en la Administración general aun cobrando menos que ellos.
En cuanto a los 93.000 empleados públicos autonómicos, la media de reducción será del 5 por ciento, en cumplimiento del Real Decreto, y esta misma cantidad será la que vea rebajada de media el personal laboral.
Además, en Galicia, los empleados públicos de entes ligados a la Administración, tales como fundaciones y otros, también se verán afectados por el recorte de un 5 por ciento de media, «para que no haya discriminaciones».
Núñez Feijoo criticó el ajuste aprobado por el Gobierno, ya que, a su juicio, «no parece proporcional» en algunos colectivos, como el caso de los pensionistas.
«No podemos gastar 13.000 millones en parques, jardines y aceras y ahora recortar a los pensionistas y a las inversiones públicas», concluyó.