Cualquier intento para lograr información sobre la nueva operación judicial abierta en Lugo resultó ayer totalmente infructuoso. La jueza lleva las diligencias con el más absoluto de los sigilos. Sin embargo, algunas fuentes indicaron que podría tener en el punto de mira a pequeños que nacieron en el seno de familias desestructuradas o aquellos de los que tenía la custodia la Xunta en centros de acogida para garantizar sus cuidados.
No se conoce la razón por la que la jueza inició la investigación. No obstante, no es descartable que fuese como consecuencia de las denuncias presentadas por algunos padres que, supuestamente, se quedaron sin sus hijos porque los servicios de la Xunta los desviaron a centros de acogida, como paso previo a la adopción. Con esta medida, pretendían que los bebés recibieran la asistencia adecuada y evitar que quedaran en posesión de familias que arrastraban problemas y que venían siendo objeto de seguimiento por parte de los servicios sociales.
Los expedientes, la clave
Algunos expedientes de adopción parecen ser la clave de la operación puesta en marcha por la activa jueza Estela San José. Según algunas fuentes, el objetivo de la instructora podría ser el de ir, paso a paso, comprobando todos los trámites llevados a cabo desde la Administración y determinar si se saltaron algunos o si detecta cualquier otra irregularidad que pueda hacer pensar en la existencia de una trama en las adopciones.
Según parece, lo que la jueza busca son casos referidos a bebés, no a niños de cinco o seis años de edad. Estos últimos no son del interés de la mayoría de los adoptantes, según indicó ayer una experta en cuestiones de tipo social, que fue consultada sobre el particular. Esta profesional puso de manifiesto las dificultades que había para lograr la adopción de un bebé nacional y, sobre todo, hizo referencia a que las listas de espera eran muy numerosas. También se refirió a que los servicios sociales en muchos casos juegan un papel decisivo con los seguimientos que hacen de los padres.
No hay imputados
Todo apunta a que, por el momento, la jueza del caso no hizo ninguna imputación relacionada con la investigación, aunque no se descartan a medida que avancen las pesquisas. Cabe también la posibilidad de que la instructora de la operación lleve a cabo más registros o solicite más documentación porque su trabajo no ha hecho más que comenzar, según señalaron diversas fuentes.
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