Una coalición no buscada entre la sociedad civil y la Fiscalía está reabriendo los casos de las concesiones hidráulicas del franquismo, de tal manera que la investigación de los fiscales suele ir precedida de una denuncia del colectivo AEMS-Ríos con Vida y otras organizaciones ecologistas. En el caso de Ríos con Vida, además, juristas consultados admiten que sus denuncias están muy bien fundamentadas y construidas.
Las empresas que disfrutan de estos permisos de explotación suelen recurrir a los documentos de la concesión para justificar situaciones que, en algunas ocasiones, se arrastran desde hace 50 años. Es el caso de Endesa en el Eume, que aducía que en las condiciones de explotación no figuraba ninguna referencia al caudal ecológico que la Fiscalía cree que debe respetarse. Pedro Brufao, presidente de AEMS-Ríos con Vida y experto en derecho medioambiental, es muy claro al respecto. «En nuestro permiso para conducir no viene especificado que no podamos circular a más de 120 kilómetros por hora. ¿Qué hacemos entonces? ¿No respetamos las normas de tráfico?», ejemplifica.
Otras fuentes jurídicas coinciden en que la Directiva Marco del Agua de la UE o incluso leyes más locales como la pesca fluvial de Galicia estarían por encima de los documentos concesionales. «La concesión no puede estar por encima del derecho», concluye Brufao. Este catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura considera, además, que el recurso a la vía judicial surge de la inacción de la Administración, especialmente la autonómica. «La legislación administrativa es absolutamente inútil», concluye.