La Mesa del Parlamento rechazó admitir a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por la plataforma Queremos Galego, aludiendo a los informes jurídicos de la propia Cámara. La ILP solo contó con el apoyo de los representantes del BNG, y su contenido pretende garantizar la posibilidad del uso del gallego ante la Administración, desarrollando la Lei de Normalización Lingüística y la Carta Europea de Lenguas Minoritarias.
Esta sería, de ser admitida, la tercera ILP debatida en lo que va de legislatura, después de una iniciativa de la Red Madre en contra del aborto y para dar apoyo a las embarazadas, y la presentada por la CIG contra el plus de altos cargos.
Carlos Callón, portavoz de esta entidad, que agrupa a más de 700 colectivos y que protagonizó una multitudinaria manifestación el pasado mes de enero, aseguró tras conocer el rechazo que obedece simplemente a motivos políticos. La plataforma ciudadana aseguró que «non se dobregará ante esta maniobra autoritaria do Partido Popular», y llevará a cabo un proceso de recogida de firmas similar al que tendría que realizar si se admitiese la ILP, ya que es tan solo el paso previo a la recogida de 15.000 firmas, con lo que ya podría debatirse en el Parlamento.
Decisión no vinculante
A días de conocer el anteproyecto del decreto del gallego, si se cumple el compromiso de la Xunta, la Confederación Gallega de APA de centros públicos sostiene que las familias no deben determinar en qué lengua oficial de Galicia tienen que ser educados sus hijos.
En una carta remitida al conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, insiste en que «estamos en una comunidad autónoma donde existen dos lenguas oficiales, y es obvio que para tener libertad lingüística hay que tener competencias en las dos lenguas para utilizarlas indistintamente». Los padres de los colegios públicos entienden que es la Administración la que debe planificar las materias, por lo que solicita que la consulta a las familias sobre la lengua materna a elegir en el momento de inscribir a los alumnos en los centros escolares no sea vinculante.
La inmensa mayoría de los sectores implicados en la educación en Galicia -sindicatos, profesores, la patronal mayoritaria de centros privados, movimientos de renovación e incluso padres de alumnos- coinciden en que los progenitores no deben decidir en qué lengua se dan las materias.
Este rechazo ha llevado a la Xunta, según fuentes de la Administración, a que este sea uno de los aspectos en los que quizás haya cambios en el anteproyecto del decreto del gallego respecto a las bases que fueron presentadas inicialmente.
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