El Estado prevé un juicio civil paralelo que dilatará la vista oral del «Prestige» por la valoración a la baja de los daños
GALICIA
La valoración a la baja de los daños del Prestige realizada por los peritos designados por el juzgado dilatará la vista oral y generará un «juicio civil paralelo», asegura la Abogacía del Estado en sus alegaciones a la prueba pericial contable que reduce los gastos de la Administración central de 608,2 millones de euros a solo 140,6, al tiempo que no reconoce los desembolsos adelantados por el Estado a los afectados (unos 154,8 millones).
La Abogacía del Estado argumenta que el trámite de alegaciones le deja un escaso margen para solventar las diferencias de criterio con la prueba practicada por los peritos, por lo que, aseguran, «mucho nos tememos que quede diferido para la fase oral del procedimiento, lo que será, junto a los muy problemáticos aspectos fácticos y jurídicos que el siniestro y su enjuiciamiento penal suscitan, un auténtico juicio civil paralelo».
La dilación de la vista oral estaría condicionada por el hecho de que las partes tendrán que «reestructurar nuestras reclamaciones, aportar una copiosa documentación y proponer y practicar una detallada prueba sobre cada uno de los daños y los conceptos indemnizables». No obstante, lo que más preocupa a los abogados del Estado es que, a día de hoy y a la vista del informe pericial, «ni siquiera sabemos cuál es la documentación que deberíamos aportar y los extremos que habremos de justificar, porque ni tan siquiera sabemos qué gastos se han admitido por los peritos y cuáles se han rechazado».
Esta falta de concreción en el informe pericial, al que achacan que no se especifican las razones por las que se rechaza la inclusión de determinados conceptos, lleva a los letrados que representan a la Administración central a pedir un «complemento o aclaración del informe presentado, con el fin de subsanar la insuficiente motivación del dictamen». También reclaman que se permita la aportación de la documentación que se estime necesaria para poder justificar los daños.
La clave de lo que los peritos definen como una insuficiente acreditación de los daños radica, según la Abogacía del Estado, en que no se admiten como prueba del gasto las certificaciones de la Administración, un documento público en el que un funcionario da fe de que el gasto efectivamente se produjo.