amenaza Cien alcaldes socialistas amenazan con dejar el Consorcio por la nueva política de Feijoo

El Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, creado por Quintana durante la pasada legislatura para gestionar los servicios sociales públicos, se ha convertido en un avispero. A la guerra abierta por el sindicato nacionalista CIG -partidario de mantener el sistema de selección impulsado por el BNG en la pasada legislatura y que según Función Pública es contrario a derecho- se ha sumado ahora el PSdeG, que acusa a los nuevos gestores del PP de ningunear a los alcaldes que forman parte del ente y de impulsar, sin consenso alguno, una nueva estrategia privatizadora.

El PSdeG reunió ayer a los alcaldes en su sede santiaguesa para trazar una estrategia común de cara a la próxima asamblea del Consorcio, que tendrá lugar el próximo viernes en Santiago y que es la primera que convoca el PP desde que accedió al Gobierno gallego. Concluido el encuentro, el mensaje socialista fue claro. Los 101 regidores que tienen los socialistas en Galicia abandonarán el Consorcio si la Xunta «ningunea a los concellos» y apuesta por la privatización de servicios. La diputada Beatriz Sestayo explicó ayer a este periódico que el Ejecutivo de Feijoo ha aprobado unilateralmente un presupuesto sin que el organismo diera su beneplácito. «Esto se montó con unas reglas de juego, en las que participan los ayuntamientos y la Administración autonómica, y si de lo que se trata es de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta, que lo digan y nos vamos», puntualizó Sestayo.

El malestar de los alcaldes socialistas también obedece a que la Xunta les ha comunicado que se privatizará el personal de atención en los 14 centros de día pendientes de abrir. Según el PSdeG, hasta ahora ya se había externalizado el servicio de alimentación y el de transporte, pero no el de los trabajadores, lo que supone un salto cualitativo importante. La Xunta, por su parte, niega que haya una política privatizadora porque la dirección y los centros mantienen la titularidad pública, aunque se opte por la concesión privada de servicios para ahorrar costes y para garantizar una apertura más temprana de las residencias.