prostitución La crisis devuelve a la actividad en Galicia a antiguas prostitutas

Galicia es una puerta de entrada para las redes mafiosas que trafican con mujeres. Lo dijo ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien, junto con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, firmó en Santiago el « Protocolo de actuación institucional sobre adopción de medidas de prevención, investigación e tratamento ás mullleres vítimas do tráfico de persoas con fins de explotación sexual» .

Informes policiales a los que aludió Carlos Varela señalan que, en el último año, debido a la crisis, se ha producido un retorno a la actividad de antiguas trabajadoras de locales en los que se ejerce la prostitución. También señaló que la presión de las fuerzas de seguridad en Galicia, sobre la prostitución en la calle y en los clubes de alterne, ha motivado un desplazamiento de la actividad de las redes de explotación hacia viviendas privadas, lejos de lugares públicos, con el fin de dificultar su detección y su control administrativo.

Según la policía, el perfeccionamiento de las acciones de los explotadores responde tanto a un intento de escapar del control policial y judicial como «a unha adaptación aos requerimentos dunha nova e rexuvenecida clientela, agora allea aos ambientes marxinais, que demanda estes servizos a través de Internet e das seccións especializadas nos medios de comunicación», según Carlos Varela.

De las inspecciones policiales realizadas en los clubes de alterne de toda Galicia se desprende que un alto porcentaje de mujeres identificadas están en situación regular, por ser ciudadanas comunitarias o extranjeras de terceros países que han ido legalizando su situación administrativa en España. En este grupo, Rumanía es el país de origen con mayor número. En cuanto a las de situación irregular, más del 70% proceden de Brasil, por ser uno de los pocos países sudamericanos a los que no se le solicita visado de entrada en la Unión Europea.

Muchas de estas mujeres explotadas consumen el período de tres meses de estancia legal en España trabajando en los clubes, y después pasan a una situación irregular en la que son trasladadas a viviendas particulares, donde su explotación continúa en condiciones infrahumanas.

Entre el 2005 y el 2008, un total de 234 mujeres denunciaron en las comisarías gallegas ser víctimas de las redes de tráfico de mujeres dedicadas a ejercer la prostitución.