iniciativa Costas cobrará un «alquiler» a las granjas por usar lo que era suyo

La ocupación del dominio público marítimo-terrestre ha vuelto a abrir un nuevo frente entre la Administración central y las empresas de acuicultura. Después de años peleando para equiparar ese canon en todo el territorio español, una vez que creían conseguido ese objetivo, las piscifactorías se encuentran con que el problema se ha cerrado en falso y que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar está imponiendo una nueva tasa por la ocupación del suelo público a aquellas compañías que han visto caducada su concesión y han tenido que renovarla. En casos como ese, el Gobierno, en lugar de aplicar el canon habitual previsto en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del 2007, aplica una tarifa distinta, resultado de calcular un porcentaje sobre el valor de las instalaciones situadas en esa franja de terreno. El resultado arroja, en algunos casos, «cifras millonarias», excesivamente lesivas para unas industrias a las que no les queda más remedio que instalarse al lado del mar, señala Fernando Otero Lourido, gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo (Aroga).

Ocurre que, según la ley, cuando la concesión caduca, las obras e instalaciones que se encuentren en dominio público marítimo-terrestre pasan a ser propiedad del Estado. «Hasta ahí de acuerdo», señala Fernando Otero, que ya no está tan conforme con «el siguiente paso que da la Administración y que consiste en alquilar esa instalación que ha revertido a su anterior propietaria y que, además, se haga aplicando una fórmula distinta a la que se emplea cuando la concesión está viva».

Situaciones extrañas

La situación que ha creado Costas es tan rocambolesca que resulta que, a partir de la renovación de la licencia, «las mismas empresas que construyeron las infraestructuras deben pagar anualmente un alquiler por su uso durante, al menos, los 30 años siguientes». Y esa no es la única curiosidad, pues se da la circunstancia de que a una empresa de acuicultura con una concesión a punto de caducar puede interesarle más destruir las infraestructuras que tiene sobre el dominio público marítimo-terrestre antes de que se le renueve el permiso de ocupación que mantenerlas intactas y tener que pagar después anualmente un canon elevado durante tres decenios como mínimo.

Según Apromar (Asociación de Productores Marinos), la patronal del sector, por el momento este problema afecta a pocas piscifactorías, pero irá en incremento a medida que vayan venciendo las concesiones más antiguas.

Por lo de pronto, hay dos empresas punteras del sector acuícola que se han visto envueltas en este desencuentro: Tinamenor en Cantabria y Stolt Sea Farm en Galicia. En ambos casos, la concesión de las plantas acuícolas están a punto de caducar y tienen parte importante de sus instalaciones sobre dominio público marítimo-terrestre.

Ahora bien, Otero advierte de que, aunque han sido las empresas de cultivos marinos las que se están rebelando en contra de un canon que consideran injusto y desproporcionado, la medida de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar afectará a todas las empresas que necesiten ocupar el dominio público para desarrollar su actividad.