«Si me dan a escoger entre 600.000 euros y que alguien pague por esto en la cárcel, elegiría la segunda opción», asegura de forma rotunda Ramón Tojeiro. «Me gustaría que algún miembro de la compañía, que todavía mira con desprecio a los afectados y a las viudas que piden una indemnización, acabara en prisión. Se ha cometido una injusticia tremenda». Una opinión respaldada por la Asociación Gallega de Víctimas del Amianto (Agavida), que engloba a más de medio millar de personas. Su presidente, Cristóbal Carneiro, insiste en que «algún cargo de responsabilidad de la dirección, de los servicios médicos o de prevención tiene que pagar por esto. No hicieron bien su trabajo».
Además de por la actitud de la compañía, Emilio Rodríguez reconoce estar resentido por el comportamiento de los gobernantes de entonces. «Tenían que haber hecho algo, tenían que saberlo».
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