PLENO DEL PARLAMENTO PP y PSOE, contrarios a la propuesta de supresión del plus de altos cargos

Los grupos parlamentarios de PP y PSOE han expresado hoy su postura contraria a aceptar una iniciativa legislativa popular, promovida por la CIG, para eliminar el plus de altos cargos, y que fue suscrita por unos 19.000 ciudadanos.

La propuesta fue defendida ante el pleno del Parlamento por el secretario general de la CIG y representante de la comisión promotora, Xesús Seixó, y recibió el apoyo del BNG, que justificó su postura en la «controversia social» que suscitó este complemento retributivo.

El llamado plus de altos cargos fue aprobado en 2007 por unanimidad de los grupos parlamentarios, y había sido resultado de una enmienda presentada por el PP a la reforma de la ley de función pública.

Los portavoces de PP, Antonio Rodríguez Miranda, y del PSOE, José Manuel Lage, justificaron su postura contraria a aceptar el texto legislativo en que este complemento retributivo figura ya en la administración del Estado y en todas las autonomías, al tiempo que consideraron que en este asunto no se debe hacer demagogia.

Mientras, el nacionalista Alfredo Suárez Canal apuntó que numerosos ciudadanos entendieron que este complemento pudiera ser un «privilegio» para determinados funcionarios, ante lo que reclamó que se aceptase la propuesta como un «gesto» para prestigiar la actividad política.

Por su parte, Xesús Seixo señaló a socialistas y nacionalistas que cuando «quieran copiar» normas de otras autonomías no lo hagan sobre aspectos negativos, y calificó de «chapuza incomprensible ante la sociedad» el suplemento de altos cargos.

El sindicalista insistió en que no es «creíble ni justificable socialmente» que un funcionario de cualquier nivel, por estar dos años en un cargo pueda consolidar un nivel y un complemento retributivo.

Para Seixo, esta disposición ha generado un «efecto dominó totalmente indeseable» porque el plus se aplica a un «amplio abanico» de cargos electos, como altos cargos, miembros del poder judicial y órganos estatutarios, entre otros. Además, lamentó que durante el debate parlamentario se llegase a hablar de demagogia y dijo que si estuviese «prohibida la demagogia, habría muchos diputados que deberían abandonar sus escaños».

El portavoz del Bloque apostó por demostrar que «somos capaces de aprender de la sensibilidad social y corregir lo que fue un error de esta Cámara». Rectificar este asunto, dijo Suárez Canal, supondría no sólo ganar en credibilidad ante la sociedad, sino también obtener más recursos, ya que calculó que el suplemento supone anualmente unos tres millones de euros.

Sin embargo, el popular Rodríguez Miranda sostuvo que este plus afecta a 192 personas y consideró «absolutamente demagógica» la cifra de la que habló Suárez Canal, porque a su juicio ha multiplicado por tres la cantidad que él calcula.

El diputado popular calificó de «un tanto cínica» la postura del BNG, fuerza a la que preguntó si tiene previsto expulsar a los nacionalistas que solicitaron el suplemento, al tiempo que recordó que una enmienda del PP a los presupuestos de 2010 posibilitará ya la rebaja en un tres por ciento de los sueldos de altos cargos.

Rodríguez Miranda, que calificó la postura del BNG de «oportunista y demagógica», avanzó, además, que el Gobierno acometerá esta legislatura la reforma del Estatuto del funcionario público, y consideró un «remiendo cosido por todas partes» la elaborada en la pasada legislatura.

Por su parte, el socialista José Manuel Lage recordó que su fuerza ya votó la semana pasada, durante la tramitación de los presupuestos, en contra de la rebaja de este plus, que no supone, dijo, «nada diferente» del estipulado en el Estado y el resto de autonomías.

Lage, que abogó por huir en este asunto de la «senda de la demagogia», dijo no querer contestar a Alfredo Suárez Canal, de quien dijo que suele ser coherente, pero apuntó que las palabras que hoy pronunció en la Cámara pueden no ser coherentes con su pertenencia durante cuatro años al anterior Gobierno.

Finalmente, manifestó que es precisa una reforma en profundidad de la función pública y la apertura de un debate sobre «qué directivos» son necesarios en la administración pública gallega, más allá de una reforma puntual.