lucha contra el narcotráfico Imputados por la red de blanqueo vivían en mansiones y cobraban ayudas sociales

La investigación de la Agencia Tributaria en Galicia que permitió imputar a medio centenar de vecinos de la ría de Arousa en tres tramas de blanqueo de capitales utilizó un método diferente al habitual para que aflorasen las propiedades ocultas a nombre de terceros. Los agentes no se limitaron a inspeccionar los negocios de los sospechosos, porque o se trataba de pequeñas tiendas con escaso movimiento o ni siquiera existía la actividad comercial. Por eso se optó por la investigación, que empezó cruzando datos entre la situación económica real de los individuos investigados y la que declaraban oficialmente. Las pesquisas se centraron en aquellos casos en los que había palpables diferencias entre unos datos y otros. Se calculó entonces el valor real de las propiedades, que generalmente estaban tasadas a la baja, y se investigó a los familiares, amigos y allegados de los sospechosos. Todo ello permitió sacar a la luz datos muy interesantes que sirvieron para abrir diligencias en los juzgados e imputar a medio centenar de personas por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, así como embargar bienes por valor de 650 millones de euros.

Partiendo de la base de que los supuestos cabecillas de las redes apenas tenían propiedades o negocios a sus nombres, se investigó la titularidad de los bienes que se sospechaba que eran suyos, aunque apareciesen a nombre de terceros. Y entre ellos había incluso mendigos, o sea, personas que en realidad carecían de patrimonio o de rentas que les permitiesen subsistir y cuyo nombre, sin embargo, figuraba en sociedades mercantiles de las que en la práctica nada sabían.

También se utilizó a extranjeros. La mayoría eran de origen rumano, y es de suponer -aunque esas sospechas todavía se están investigando en los juzgados- que recibieron algún tipo de prebenda a cambio de prestar su identidad.

Ese fue uno de los principales aciertos de la investigación, que a diferencia de otras veces, permitió sacar a flote la identidad y situación patrimonial de los testaferros. «Es difícil, pero no imposible -subrayan fuentes de la investigación-. Porque si los bienes se ponen a nombre de terceras personas pero esas terceras personas tampoco tienen un oficio o patrimonio que lo justifique, lo que hay que hacer es investigar a esas terceras personas».

Prioridad para elegir colegio

Y como esas familias hasta la fecha eran de recursos modestos o incluso pobres, se beneficiaban sin remordimiento alguno de las ayudas que la sociedad pone a disposición de los más necesitados. Y así, algunos de los investigados por blanquear dinero procedente del narcotráfico recibían subvenciones, y sus hijos percibían becas de estudios. Y en algún caso hasta tuvieron preferencia para elegir el colegio de los menores amparándose en su escaso nivel de renta. «Ese fue otro de los indicios que dio pie a las investigaciones; si tus hijos reciben becas pero tú vives en un chalé con piscina climatizada, está claro que hay algo que no casa».

Uno de los cabecillas incluso le compró un todoterreno a su mujer cuando dio a luz. Quizás al mismo tiempo recibía todo tipo de ayudas para la crianza del retoño.