El Ejecutivo de Feijoo estudiará que los entes provinciales puedan beneficiarse también del Fondo de Cooperación Local
08 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, lo explicó esta semana de forma clara en una intervención ante el Parlamento gallego. Dijo que los entes provinciales están dispuestos a reconocer cierta autoridad a la Xunta «para que non podamos caciquear», pero a cambio piden «cartos e obras», una porción de los recursos de la Administración autonómica. La reivindicación la comparten sus homólogos de A Coruña o Pontevedra, mientras en el Ejecutivo de Feijoo hay quien está dispuesto a dejarse meter la mano en la cartera.
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, parece haber tomado nota del recado enviado por los entes provinciales y su deseo de paliar por nuevas vías una caída de ingresos que oscila entre el 12%, en la Diputación de A Coruña, o el 20%, en la de Pontevedra. Tras la etapa del bipartito, cuando el entonces conselleiro Méndez Romeu coincidía con el BNG en pedir la supresión de estos entes por entender que eran reductos de opacidad y nepotismo, el PP quiere mirar a las diputaciones con otros ojos y darles más mimo.
Tanto es así que el equipo de Rueda constituirá el próximo enero una mesa de trabajo con las diputaciones y la Fegamp para estudiar nuevas fórmulas de colaboración, y no descarta la posibilidad de que el Fondo de Cooperación Local, dotado con casi 127 millones de euros el próximo año, pueda ayudar a enjugar las cuentas provinciales.
Las diputaciones quieren exprimirle todo el jugo a este cambio de estilo y se reivindican como órganos imprescindibles y blindados por la Constitución, a la par que ponen en valor las funciones que desempeñan y que, en muchos casos, se limitan a duplicar las que ya ejercen los ayuntamientos o la Xunta.
El PP de Feijoo, que tradicionalmente halló en estos entes un pilar sobre el que asentar la estructura de poder territorial, podría incluso obtener réditos por fortalecer la musculatura de unas entidades en las antípodas de la transparencia democrática y que, de media, destinan un tercio de sus recursos a pagar nóminas de asesores políticos, conserjes y personal, a veces, contratados de forma espuria.
Cuanto menos parece arriesgado que el presupuesto de la Xunta -que rinde cuentas al Parlamento y es fiscalizado sistemáticamente por el Consello de Contas y la oposición política- se rasque el bolsillo para financiar estos organismos provinciales. Y es que, pese a tener 180 años de historia, quienes están al frente de ellos todavía están reclamando hoy que se definan sus funciones. Porque, eso sí, las diputaciones existen, pero lo que blinda la Constitución (artículo 141) no es su existencia, sino la de la provincia y la «corporación de carácter representativo» que la dirija, que puede ser la diputación o no.