Sospechan del transporte y almacenaje de los exámenes en los que tres hermanos obtuvieron las notas más altas
05 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Las pesquisas abiertas por la Dirección Xeral de Función Pública para esclarecer el alcance de las posibles filtraciones de las oposiciones en las que tres hermanos coparon las mejores notas amplían su alcance mientras el caso entra hoy en una segunda vía de investigación a través de la Fiscalía. A la espera de que el departamento adscrito a la Consellería de Facenda adopte una decisión, la central sindical CIG presentará esta mañana un escrito ante el fiscal para que estudie si hay indicios delictivos. Las sospechas que inicialmente apuntaban al tribunal se centran ahora en el transporte y almacenaje de los exámenes.
La denuncia sobre la posible filtración afecta a las pruebas de acceso al cuerpo administrativo de la Xunta (C1), que se celebraron el 19 de septiembre en el recinto ferial de Silleda; y al primer examen de auxiliar administrativo (C2), que tuvo lugar el 3 de octubre en las mismas instalaciones. En la primera prueba, en la que casi 5.000 opositores pugnaron por 140 plazas del grupo C1, los tres hermanos despuntaron entre las cinco mejores notas. La reiteración al frente de la lista de los mismos apellidos, que uno de los hermanos cambió de orden, levantó las sospechas de la CIG, del CSIF y de la plataforma de funcionarios y opositores MIEP, que advirtieron otras circunstancias que multiplicaron sus dudas. Los tres hermanos se inscribieron para la prueba dentro del plazo extraordinario que estableció el Gobierno de Feijoo tras la reforma de la Lei de Función Pública en la que derogó la obligatoriedad de realizar el examen tipo test en gallego. De ese modo, formalizaron su inscripción después del 15 de julio, con lo que apenas tuvieron ocho semanas para estudiar. Además, los otros dos opositores que acompañan a los hermanos entre los cinco con mejor puntuación también se matricularon para la prueba en ese período extraordinario. Solo seis personas superaron las 75 preguntas acertadas. El séptimo clasificado no pasó de 71.
Distribución y custodia
También avivó el recelo sindical el hecho de que la posible filtración haya aflorado en el primer proceso selectivo en el que la Xunta ha vetado la capacidad que tenían los sindicatos de proponer a uno de los cinco miembros del tribunal. Sin embargo, la orientación de la lupa cambió cuando se publicaron las notas del primer examen de auxiliar administrativo (C2). Pese a contar con un tribunal diferente al de las pruebas del grupo C1, los tres hermanos irrumpieron de nuevo entre los 16 opositores con mejores notas de un total de 2.764 aspirantes.
Minimizada la posibilidad de que los miembros de los dos tribunales tengan la clave del caso, las sospechas apuntan ahora al transporte y al almacenamiento y la custodia de los ejercicios. El Movemento pola Igualdade no Emprego Público (MIEP) las extiende incluso al ámbito de la empresa a la que la Xunta encomendó las fotocopias de las preguntas. La mayor amplitud del campo a investigar, una vez que las notas del examen de auxiliar administrativo restaron crédito a una supuesta implicación del tribunal, explica en parte la dilación de Función Pública en cerrar unas pesquisas cuya resolución ya había anunciado la semana pasada como inminente.
Precedente de archivo fiscal
La vía fiscal que hoy abre la CIG cuenta con un precedente en dos pruebas de auxiliares y subalternos que se celebraron el 20 y el 21 de diciembre del 2004, en la etapa del último Gobierno Fraga. En aquella ocasión, el fiscal optó por archivar la denuncia sindical sobre un caso en el que estaban involucrados más de 40 opositores.
Sobre la base de esa experiencia, el MIEP sostiene que el recurso a la Fiscalía no es la medida más efectiva, ya que una denuncia en los tribunales garantiza que el juez abrirá una instrucción del caso, mientras que el fiscal solo acudirá a la vía judicial si considera que hay indicios de delito.
La plataforma que integra a funcionarios y opositores apremia a la Xunta a que no dilate más su pronunciamiento y ponga en marcha a continuación «medidas efectivas e concretas» que contribuyan a esclarecer «un abuso intolerable, que prexudica á xente que honradamente dedica anos, esforzos e diñeiro a preparar unha oposición». El MIEP entiende que, si se demuestra la posible filtración, quedará todo el proceso cuestionado. «Función Pública debe actuar con todas as consecuencias nestes dous procesos se quere conservar un mínimo de credibilidade», exige el colectivo de opositores.