La tramitación del plus de casi 15.000 euros que pueden recibir los funcionarios que ocuparon un alto cargo de la Administración durante al menos dos años estuvo, desde sus inicios, asociada a la polémica. Este complemento salarial, cuyo valor equivale a tres pensiones no contributivas -que rondan la cifra de 4.900 euros cada una-, llegó al Parlamento camuflado en una disposición adicional de una de las reformas de la Lei da Función Pública.
Es más, este sobresueldo salió a la luz pública durante un pleno extraordinario del mes de julio del 2007, donde fue aprobado con el respaldo de todos los grupos políticos. Eso sí, semanas después el BNG intentó corregir el tiro y desmarcarse de la iniciativa, cuando algunos de sus altos cargos, como Encarna Otero, ex directora xeral de Calidade da Vivenda, anunciaron públicamente que renunciaban al plus.
En septiembre del 2007 los nacionalistas ya entonaron abiertamente el mea culpa y calificaron de «erro» la aprobación del complemento, lo que provocó fricciones en el seno del bipartito, pues su presidente, Emilio Pérez Touriño, replicó a sus socios que deberían haber pensado más antes de votar a favor de la normativa.
En paralelo, la Confederación Intersindical Galega (CIG) se dirigió a la Mesa del Parlamento para mostrar su intención de promover una iniciativa legislativa popular con el fin de pedir la derogación del plus.
Desde noviembre del 2007
La petición de la CIG fue revisada el 6 de noviembre del 2007 por el órgano que presidía entonces la socialista Dolores Villarino, quien le exigió a la central nacionalista que aportara información complementaria antes de tramitar su demanda. El sindicato se lo tomó en serio y respondió, lo que permitió que la Mesa de la Cámara admitiera a trámite la petición el 21 de enero del 2008. Las 19.146 firmas recogidas por toda Galicia se entregaron en el registro del pazo de O Hórreo tan solo cinco meses después.
La petición popular para derogar el plus estaba, por tanto, pendiente de tramitación desde octubre del 2008, es decir, desde hace más de un año, pues ninguno de los grandes partidos abrazó con entusiasmo la posibilidad de debatir públicamente sobre un asunto que de antemano saben que es impopular. Ese elemento es precisamente lo que llevó al Bloque a cambiar su posición, a riesgo de mostrarse como una fuerza incoherente ante la ciudadanía, pues el plus sí existe en otras comunidades y en el ámbito del Estado.