El presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, recordó ayer que los servicios de Inspección de Trabajo dictaminaron la existencia de «fraude de lei» en más de 200 contrataciones realizadas por el Consorcio de Benestar e Servizos Sociais en la etapa en que ese ente dependía de la Vicepresidencia a cuyo frente estaba Anxo Quintana.
Feijoo utilizó ese argumento para responder a una pregunta de los periodistas, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, sobre la decisión de su Gobierno de abrir consultas con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para estudiar el desmantelamiento de la red de oficinas de I+B (Igualdade e Benestar) creadas por el departamento que dirigía Quintana con el Ejecutivo bipartito. Feijoo insistió, a propósito del «fraude de lei» en las contrataciones realizadas por Benestar en aquella etapa, de que ese carácter fraudulento no es un veredicto de la Xunta, sino de los propios servicios de la inspección laboral. En este sentido, la secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella, calificó la semana pasada el Consorcio del bipartito de «axencia de colocación de militantes» del BNG.
El desmantelamiento de los centros de I+B afectará a 19 oficinas creadas por el anterior Gobierno y que emplean a 104 personas contratadas «a dedo», esto es, sin concurso público. Esas oficinas manejan un presupuesto que ronda los 4 millones de euros.
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