menores La Xunta asume la tutela de un niño de nueve años que pesa 70 kilos

Una intervención excesiva por parte de la Administración o una acción necesaria para salvaguardar la vida de un menor. La polémica está servida en Ourense con la decisión de la Xunta, concretamente del servicio de Menores, de asumir la tutela de un niño de 9 años que padece obesidad mórbida y pesa 70 kilos.

La situación de desamparo en la que se encontraría el menor -que ha sido objeto de un estrecho seguimiento por parte de las autoridades desde el año 2005 y ha llegado a pesar 86 kilos- y los graves riesgos que corre su vida debido a su sobrepeso amparan la resolución acordada por la Administración autonómica, que el pasado 23 de septiembre notificó su decisión de hacerse con la tutela del chico e internarlo en un centro de menores de la capital ourensana para controlar su estado de salud.

Lejos de aceptar esta resolución, los padres del joven no solo han presentado una demanda de oposición a la resolución acordada por la Xunta, sino que, además, hasta el momento se han negado a entregar al chico a las autoridades, alegando que se ha fugado de casa.

Quieren además los progenitores, y así lo han solicitado judicialmente, que mientras no se resuelva su demanda de oposición y exista una decisión firme, el niño pueda permanecer con ellos. Por ese motivo, comparecieron ayer en los juzgados de la capital de As Burgas para asistir a una vista en la que volvieron a ponerse de manifiesto las posturas enfrentadas que, sobre el caso, mantienen familia y Xunta.

Ingreso urgente

De una parte, los representantes de la Administración incidieron en la sala de vistas en que existe un grave riesgo para la vida del menor debido a que sus padres no han sido capaces en los últimos años de conseguir que mantenga una dieta y unos hábitos de comida saludables, por lo que se hace urgente que el menor ingrese en un centro especializado.

Asumiendo que, efectivamente, existe un riesgo para el menor, los padres del chico se opusieron a su ingreso, solicitando que, en su lugar, se les ayude de forma eficaz a poner soluciones al problema.

Además, los progenitores pusieron de manifiesto las graves consecuencias que podría tener para su hijo el ser arrancado de su entorno. «Creemos que los trastornos que podría acarrear al menor el ingreso en un centro serían irreparables», aseguraba ayer José Manuel Rodríguez Díaz, letrado de la familia, que considera que hay una tercera vía en la resolución de este conflicto.

«Hay otras maneras de resolver el problema, pero para eso hay que tener funcionarios con ganas de trabajar y sensibilidad social. En este caso, creo que esa sensibilidad brilla por su ausencia», destaca el letrado, que considera que el papel de la Xunta en este caso debería ser el de colaborar con los padres para solucionar los problemas del niño, y no el de asumir su tutela. Asegura el letrado que se trata de una familia de etnia gitana en la que cambiar costumbres resulta «complicado».

En cualquier caso, será cuestión de días que el juzgado resuelva si acepta o no la petición de los padres para poder seguir cuidando a su hijo. Si la resolución es desfavorable a su petición, los progenitores tendrían que entregar, esta vez sí, al menor a las autoridades.