municipios Benestar abordará con la Fegamp cómo desmantelar los centros I+B

El Gobierno gallego abrirá consultas con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para estudiar el desmantelamiento de la red de oficinas de I+B (Igualdade e Benestar), creadas por el departamento que dirigía Anxo Quintana en la Xunta bipartita, pero que nunca contaron con el pleno respaldo del PSOE y el PP por entender que invadían competencias municipales. Esta red territorial, articulada en torno a 19 oficinas, maneja un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros y cuenta con una plantilla de 104 trabajadores que, según la Consellería de Traballo, fueron «elixidos a dedo» sin convocar concurso público alguno.

El futuro de las oficinas de I+B camina por la cuerda flota, tal y como dejó entrever ayer la secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella, quien aseguró que en el proyecto de Presupostos de la Xunta para el 2010 «non se recolle ningunha partida» específica para unos centros que, abundó, están sufriendo ya ajustes presupuestarios tanto en el apartado de personal (2,8 millones este año) como en el gasto de funcionamiento (900.000 euros).

López Abella compareció ante la comisión parlamentaria de Sanidade para responder a una iniciativa del PSOE, grupo que se interesó precisamente por el futuro de unos centros concebidos inicialmente para coordinar equipos expertos en igualdad, inclusión social y en políticas relacionadas con la infancia y la adolescencia.

La representante de Benestar dudó de que el PSOE estuviera plenamente de acuerdo con estas oficinas y, para corroborarlo, sacó a colación las valoraciones hechas por algunos alcaldes socialistas, entre ellos el de Piñor, Francisco Fraga, que a la postre es vicepresidente de la Fegamp, y que en su día lanzó un torpedo contra los centros I+B, al advertir que suponían una «inxerencia» en las competencias municipales y que lo que hacían era crear «unha rede paralela» a los servicios sociales que se prestan desde los ayuntamientos.

La función de la oficinas de I+B, insistió López Abella, «merece unha reflexión profunda» cuando menos, pues remarcó que son muchas las voces que se mostraron contrarias al modelo elegido por el BNG desde la Xunta. Es más, la propia secretaria xeral se preguntó si no sería más conveniente «optimizar os recursos doutro xeito» y redirigir el gasto de estas oficinas hacia otras necesidades más acuciantes.

Pese a la línea trazada desde la Xunta, la socialista Laura Seara se metió ayer en el traje del Bloque para defender la gestión de Quintana y su controvertida política de contrataciones. De hecho, si López Abella no dudó en calificar el Consorcio de Servizos Sociais, del que dependen las 19 oficinas de I+B, de una «axencia de colocación de militantes» del BNG, la diputada socialista defendió el anterior modelo arguyendo que estos centros se crearon con rapidez, motivo por el cual se contrató de forma inminente a personal interino que iba a ser regularizado mediante las correspondientes oposiciones.

No obstante, este proceso selectivo fue revisado ahora por la Xunta, dejando en el limbo el futuro de los 104 trabajadores de los centros de I+B.