ue Bruselas niega a España un año más de plazo para gastar los fondos estructurales asignados en el 2007

La Comisión Europea advirtió ayer a España de que no ampliará de dos a tres años el plazo para ejecutar los proyectos financiados con fondos estructurales y de cohesión previstos para el año 2007. Ese dinero, que asciende a unos 6.300 millones de euros y que incluye partidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo, debe ser abonado entre el 2007 y el 2009, pero España había solicitado una prórroga de doce meses para asegurar que no perdía asignaciones por el retraso en implementar los mecanismos de control que exige Bruselas.

Según el portavoz de Política Regional de la Comisión Europea, Dennis Abbott, la petición española no figura en la propuesta que presentará mañana la Comisión Europea para adelantar los pagos de los fondos europeos porque prorrogar los plazos no contribuiría a aumentar el gasto español en medidas que ayuden a superar la crisis, que es precisamente lo que pretende la propuesta. «La situación no es alarmante y estamos trabajando con las autoridades españolas para solucionarla», dijo Abbott, quien recordó que España aún dispone de seis meses para adaptar sus mecanismos de control a las normas comunitarias y asegurarse la percepción de entre 800 y 1.000 millones en proyectos aún no ejecutados, según los cálculos de Bruselas.

Cofinanciación

Por otro lado, la propuesta que la Comisión hará mañana a los Veintisiete y a la Eurocámara pretende elevar hasta el 100% la tasa total de cofinanciación comunitaria de los proyectos sufragados por el Fondo Social Europeo, con el objetivo de evitar que la falta de liquidez y la contracción del mercado crediticio afecten a las posibilidades de ejecución de los planes destinados a poner coto al desempleo, a facilitar la reinserción de los parados en el mercado laboral y a mejorar la formación de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.

El Ejecutivo comunitario pretende que la propuesta, que deberá someterse ahora al dictamen del Parlamento y el Consejo, pueda entrar en vigor a finales de este año. Pero no lo tendrá nada fácil porque Alemania, que es el principal contribuyente de las arcas comunitarias, ya expresó su oposición a una idea similar en la cumbre que los líderes europeos celebraron el mes pasado en Bruselas.

Según explicó ayer el portavoz de Política Regional, la modificación presupuestaria no supondría un incremento del gasto, sino una redistribución que permitiría que los países puedan beneficiarse de mayores cantidades de dinero a corto plazo.