El fiscal solicita dos años y ocho meses de prisión para los imputados.
Eduardo Eiroa
El titular del Juzgado de Primera Instancia de Corcubión remitió ya al Juzgado Decano de lo Penal de A Coruña el auto con las diligencias para la apertura de juicio oral por el desastre ecológico que costó la vida a miles de peces en el río Xallas.
En noviembre del 2007, el vaciado de la presa de Fervenza, que gestiona la empresa Ferroatlántica, causó un gran impacto medioambiental en el río Xallas.
En un primer momento, el juez había imputado a dos directivos de Augas de Galicia y a otros dos de Ferroatlántica, pero finalmente el proceso siguió tan solo contra los representantes de la empresa, Román Lozano Calderón y José Luis González Haba.
El titular del juzgado de Corcubión que instruyó el caso consideró que había suficientes indicios de delito como para seguir adelante con el caso. Ahora, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han presentado ya sus peticiones de penas.
El fiscal solicita dos años y ocho meses de cárcel para cada uno de los dos imputados, así como inhabilitación especial para el ejercicio de sus profesiones y multas por un importe total de 20.000 euros.
Además, solicita que los acusados o la empresa, como responsable civil directa, pague 305.943 euros, cantidad en la que el perito estimó el daño causado al medio ambiente.
Además, el fiscal pide que la empresa abone a las arcas del Estado 610.262 euros, cantidad que, según el perito, se habría embolsado la compañía en los 30 días previos al desastre como consecuencia del exceso de caudal liberado para aumentar la producción eléctrica.
Además, en el proceso también se personaron como acusación particular la Federación Galega de Pesca, el club de pesca deportiva Salmo y la Xunta de Galicia.
La federación se suma a la petición realizada por la Fiscalía, solicitando además una indemnización de 50.000 euros. El club de pesca Salmo, por su parte, solicita para Román Lozano, responsable de explotación de la central, un año y ocho meses de prisión, y para el responsable nacional de la empresa en el sector hidroeléctrico, José Luis González Haba, un año de cárcel. La cuantía económica que solicitan es algo inferior a la que pide la Fiscalía.
Por su parte, la Xunta se retira del proceso penal pero mantiene abierta la vía civil. Su petición es que los acusados, o la empresa como responsable civil subsidiaria, indemnicen a la Administración «en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia por los daños ecológicos y medioambientales producidos».
Perito independiente
Con el auto judicial culmina la instrucción de un proceso que comenzó en noviembre del 2007 y en el que se aportaron informes del Seprona y de un perito independiente designado por el juez. Las dos fuentes apuntaban a Ferroatlántica como responsable del desastre en el pantano que gestiona. De hecho, el perito explica en su informe que en la compañía primó el interés económico sobre la amenaza para el medio ambiente en su gestión, y afirma que entre octubre y noviembre de ese año, con el pantano vaciándose y en medio de una pertinaz sequía, mantuvo un caudal ecológico muy superior al asignado.
Ese exceso de caudal habría servido para que la empresa llenase otro embalse río abajo, el de Santa Uxía, donde tiene las centrales más productivas. Ese mes habría facturado 610.000 euros de más gracias a la liberación excesiva de agua.
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