una negociación crucial Galicia tendrá garantizado el 7,1% de la financiación, según el Gobierno

En una rueda de prensa inusualmente convocada en domingo, pero imprescindible para respetar las 72 horas de antelación preceptivas para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, anunció que finalmente había cuadrado el sudoku que inició su antecesor, Pedro Solbes: la financiación autonómica.

Salgado confirmó que había enviado a todas las comunidades autónomas, junto con la convocatoria del consejo, previsto para el miércoles, un documento con el nuevo modelo de reparto propuesto por el Ejecutivo, que aportará al sistema unos recursos adicionales «ligeramente superiores a los 11.000 millones de euros» de forma gradual, hasta completarlos en el 2012.

Pero aunque sí facilitó detalles de los criterios, la estructura y el funcionamiento de la nueva financiación, la ministra se negó a dar cifras concretas sobre lo que le corresponderá a cada comunidad, que es la incógnita y la preocupación principal.

«En la documentación enviada no va ningún anexo con cantidades, pero me he puesto en contacto con los presidentes para decirles el mínimo que les correspondería», declaró.

Lo que está confirmado, según las fuentes del Gobierno consultadas por La Voz, es que Galicia mantendrá su peso porcentual en el nuevo sistema de financiación, que actualmente se sitúa en el 7,1% de los recursos. En este sentido, el pasado 18 de junio las tres fuerzas políticas gallegas (PP, PSOE y BNG) adoptaron un acuerdo parlamentario en el que exigían que la cuota que la comunidad recibiese no bajase del 7,1% actual.

Dado que la cifra absoluta que se baraja para Galicia está en torno a los 600 millones de euros -que en términos porcentuales supondría el 5,36% de los recursos adicionales, es decir, una caída abultada- todo apunta a que habría otras vías de compensación para garantizar el mantenimiento de su posición en el reparto de la tarta.

Pero la vicepresidenta guardó silencio al respecto y se limitó a subrayar que, dada la «transparencia» de los criterios y de la ponderación de estos, las autonomías podrían hacer sus propios cálculos, y que ella no entraría «ni a confirmar ni a desmentir» ninguna de las cifras que las comunidades dieran hasta la reunión del miércoles, algo que en el caso gallego no se ha producido, pues también Feijóo guarda silencio. Lo cierto es que el documento remitido por el ministerio es un texto de 76 páginas y gran complejidad, por lo que los técnicos de la Xunta iniciaron ayer un intenso trabajo para descifrarlo.

El Ejecutivo ha fijado la población como «criterio fundamental» para la distribución de recursos -algo que no beneficia a Galicia-, aunque también ha incorporado otros criterios de ajuste, como la dispersión geográfica, el bilingüismo, el envejecimiento, la insularidad o la población escolar. Así, Salgado apuntó que «Galicia puede tener un incremento de recursos» por criterios que, como la dispersión o el bilingüismo, han ganado peso o se han introducido, y que «al Gobierno nos parece suficiente».

Insistió en que el modelo «es el resultado de una búsqueda de consensos», fruto del más del centenar de reuniones mantenidas con los representantes de las comunidades, y que mejoraba la situación de todos los territorios. Para saber quiénes efectivamente ganan y quiénes no, habrá que esperar al miércoles.