Aguas El ministerio tumba el plan de la Xunta para financiar la depuradora de Vigo

La nueva depuradora de Vigo está en el aire. La multimillonaria sanción que pende sobre Galicia por los vertidos de aguas residuales que recibe la ría no ha sido argumento suficiente para poner de acuerdo a la Xunta y al Ministerio de Medio Ambiente sobre el plan de financiación de la planta de tratamiento. El conselleiro Agustín Hernández presentó ayer al Gobierno central un plan económico con el que la Administración gallega pretende liquidar los 115 millones de euros que la Xunta tiene que aportar a esta infraestructura, una cantidad que el Gobierno gallego tachó de «inasumible» en cuanto el PP tomó las riendas de la gestión autonómica.

Una de las propuestas de Hernández comprometería a Acuanorte a adelantar la cantidad que corresponde a la Xunta, que amortizaría la deuda en un período de entre 15 y 20 años. Con esa propuesta, adelantaría el 25% de su aportación en los primeros cinco años y liquidaría el 75% restante en anualidades por determinar.

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas planteó a la ministra Elena Espinosa una segunda estrategia. En este caso, la entidad interpuesta sería Augas de Galicia, organismo encargado de gestionar los fondos Feder destinados a la depuradora de Vigo. Según los cálculos del Gobierno gallego, este plan permitiría a la Xunta «recibir os fondos correspondentes a depuradora e licitar e executar a obra no momento en que se peche o acordo, é dicir, de xeito inmediato».

El departamento de Hernández calcula que «con esta proposta o Estado non perdería diñeiro, xa que nunca se preveu que aportara fondos propios para a execución desta obra».

Durante la reunión celebrada ayer en Madrid, la ministra Espinosa rechazó ambas estrategias. «A situación da depuradora de Vigo atópase no mesmo punto que antes da reunión», reconocieron fuentes de la Xunta tras el encuentro. Por su parte, Elena Espinosa aclaró que el Gobierno central no quiere interferir en el modo en que la Xunta realice la aportación que le corresponde, pero sí dijo que solo puede aceptar un modelo «en base a la legalidad», una condición que, según la ministra, no cumple la «triangulación de ayudas» pretendida por la Xunta.

Un margen de dos años

Con el plan de financiación en el aire, la construcción de la nueva estación de residuos se complica, a pesar de que tendría que estar en funcionamiento dentro de dos años para poder sortear la sanción multimillonaria que la UE aceptó aplazar, y que rondaría los 20 millones de euros.

El bipartito de Touriño había pactado con el Concello de Vigo y con el Gobierno central un plan financiero que comprometía a las tres administraciones y que la nueva Xunta rechazó nada más llegar al poder. Según el actual Ejecutivo autónomo, la aportación de 115 millones de los 237 que costará la depuradora «comprometería as actuacións de saneamento en toda Galicia, polo menos nos vindeiros oito anos». El PP achaca a la situación económica heredada su imposibilidad para hacer frente a la inversión prevista en el entorno del Lagares.