urbanismo La Fiscalía alerta de problemas para investigar los delitos urbanísticos

La investigación de delitos urbanísticos en Galicia está desbordada y bajo mínimos. Las unidades de la Guardia Civil adscritas a las fiscalías de urbanismo gallegas y que operan como policías judiciales disponen de escasos medios humanos y materiales para indagar en los casos de infracciones urbanísticas graves. «As unidades están desbordadas porque a investigación destes delitos é moi complexa», reconoce el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien explica que los mayores problemas se centran en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde la presión urbanística es mayor. Es esta una de las razones por las que el fiscal superior de Galicia solicitó recientemente al Ministerio del Interior la creación de un Seprona autonómico adscrito en exclusiva a la Fiscalía para investigar delitos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio.

Varela destaca que las fiscalías especializadas en urbanismo están detectando que el número de agentes destinados a la investigación de estos delitos es insuficiente, «e os poucos que hai están desbordados», afirma.

En Pontevedra, la situación es crítica. Poco más de un año después de asumir las investigaciones de delitos urbanísticos, la unidad especializada de la Guardia Civil está próxima al colapso. La Fiscalía de Pontevedra alerta en su memoria anual de que los agentes «están desbordados por el trabajo y no cuentan con el número de personas suficientes para atender a todas las investigaciones de una forma puntual». No es una unidad cualquiera, ya que sus informes e investigaciones nutren al ministerio público. Sin ese equipo policial, la actividad de la Fiscalía en materia de urbanismo «sería imposible». El fiscal jefe pontevedrés, Juan Carlos Aladro, admite en la memoria que los agentes son quienes realizan «la totalidad de los informes que requiere el fiscal».

En las Rías Baixas, la situación es tan grave que la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil -compuesta por solo tres agentes para toda la provincia de Pontevedra- se ha visto obligada a devolver algunas de las investigaciones en curso al Seprona, «por la imposibilidad material de afrontarlas».

En cuanto a los tiempos de investigación, el colapso es tal que en alguna ocasión se han remitido las diligencias tramitadas a un juzgado sin adjuntar los informes requeridos, «porque el plazo de seis meses de que dispone el fiscal estaba próximo a cumplirse». Ante esta situación, Aladro sostiene que cada vez se hace más imprescindible que esta unidad y el Seprona «cuenten con más miembros para evitar estos problemas y agilizar la tramitación».