El Gobierno gallego hará este año hincapié, más que en el voluntariado creado por el Ejecutivo anterior para vigilar el monte, en las «patrullas disuasorias», que tendrán la misma finalidad, pero responderán a criterios de mayor profesionalización y cobrarán por desarrollar su trabajo.
La iniciativa constituye, sin duda, uno de los retoques anunciados el pasado martes por el director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, respecto al plan contraincendios del bipartito, que la nueva Xunta ha asumido en la práctica totalidad, entre otras cosas, porque no ha tenido mucho tiempo para realizar cambios.
Medio Rural habilitará una partida presupuestaria para este fin, al objeto de que las patrullas puedan estar disponibles con la puesta en marcha del operativo, el primero de julio. El Ejecutivo saliente llegó a desplegar en verano hasta 7.000 voluntarios, lo que el ex conselleiro Alfredo Suárez Canal denominó entonces «todo un exército ambiental». La Xunta bipartita invirtió 657.000 euros en el programa de voluntariado en defensa del monte gallego.
Al menos un centenar de personas, aproximadamente, integrarán el operativo impulsado por la Xunta del PP, que dará lugar a la creación de doce patrullas, dos por cada una de las «cinco ou seis zonas» de actuación. Cada una de ellas estará dotada de un vehículo adecuado para el desarrollo de labores de control del monte.
Los vigilantes trabajarán, por turnos, las 24 horas, según las fuentes consultadas. La Xunta sumará este año a las 500 brigadas existentes 38 más, pero no estarán asentadas necesariamente de las zonas de máximo riesgo. También se formará a 240 miembros de Protección Civil en materia de lucha contraincendios.
La Consellería do Medio Rural y la Dirección Xeral de Montes activarán las brigadas con criterios de «mobilidade xeográfica». «Trátase de que calquera punto de lume poida ser atendido por tres ou catro brigadas», sostienen los que siguen el operativo contraincendios de la Xunta.