El Consello de la Xunta aprueba la nueva estructura periférica que ahorrará 15 millones en la legislatura
GALICIA
Diego Calvo será el delegado en A Coruña, Raquel Arias en Lugo, José Manuel Cores Tourís en Pontevedra, Rogelio Martínez en Ourense y Lucía Molares en Vigo.
30 abr 2009 . Actualizado a las 20:43 h.El Gobierno gallego ha aprobado hoy su nueva estructura periférica que supone la eliminación de los antiguos delegados provinciales de cada Consellería y la creación de la figura del superdelegado, cinco en total, lo que supondrá «un ahorro de unos 15 millones de euros en la legislatura».
Este ahorro, «de casi cuatro millones de euros al año», según explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, al término de la reunión semanal del Gobierno gallego, supone profundizar en los compromisos del nuevo Ejecutivo de «eficacia, austeridad y economía».
A partir de ahora, en cada provincia habrá un delegado de la Xunta, salvo en Pontevedra, en donde Vigo tendrá también un delegado cuyo ámbito de actuación serán los catorce municipios que, en principio, conformarán el área metropolitana.
De este modo Diego Calvo será el delegado en A Coruña; Raquel Arias en Lugo; José Manuel Cores Tourís en Pontevedra; Rogelio Martínez en Ourense; y Lucía Molares en Vigo.
Estos delegados, que tendrán categoría de directores generales y dependerán de la Consellería de Presidencia, estarán al frente de todas las antiguas delegaciones provinciales, cuyos jefes pasarán a ser funcionarios y no cargos políticos como ocurría hasta ahora.
Con esta nueva estructura, el Gobierno gallego dará cumplimiento a los compromisos de «austeridad», con el ahorro de casi cuatro millones de euros al año, de «igualdad de oportunidades», para conformar la Galicia «única» y llegar a todas las esquinas; de crear un área metropolitana, y de apostar por los empleados públicos, que estarán al frente de las antiguas delegaciones provinciales y tendrán por encima al delegado, según dijo Núñez Feijoo.
De los nuevos superdelegados, el presidente explicó que todos, salvo Diego Calvo, proceden de la Administración Local y tienen experiencia en ayuntamientos pequeños, excepto Lucía Molares, «que conoce la realidad de Vigo».
Además, en línea con el compromiso de «adelgazar la Administración», el Consello de la Xunta aprobó hoy suprimir la Dirección General de Aguas, un departamento dependiente de Aguas de Galicia, y cuyas funciones pasará a desempeñar el presidente del organismo.
El Ejecutivo gallego ha aprobado hoy también el nombramiento de otros nueve altos cargos, además de los cinco delegados de la Xunta, con lo que el porcentaje de altos cargos nombrados llega al 85 por ciento, según Núñez Feijoo, y tan sólo restan por nombrar, sobre una decena de ellos.
Núñez Feijoo reconoció que bien por «razones económicas» bien de «incompatibilidad» hay personas que «fueron invitadas» a formar parte del Gobierno que no se han incorporado.
Entre los nombramientos efectuados hoy figuran el de Ricardo García Borregón, que será director general de Conservación de la Naturaleza, el de José Ramón Lete, que será secretario general para el Deporte y el de Juan José Martín Álvarez como director general de Justicia.
Sobre la paralización de un juzgado de Ferrol por falta de personal, el titular de la Xunta reconoció que hay «problemas de colapso» y confió en que en el caso concreto de ese juzgado se resuelva hoy, según le transmitió el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda.
Preguntado por la posibilidad de que esta persona compatibilice su cargo en el Gobierno con la Secretaría General del partido en el congreso del próximo fin de semana, Núñez Feijoo indicó que «hay precedentes de compatibilizar» el cargo, aunque se tomará la decisión más oportuna para el partido.
Por otra parte, preguntado por la supuesta compra de varios coches de alta gama por el actual conselleiro de Medio Ambiente cuando estaba en un organismo de la Consellería de Política Territorial entre 1998 y 2002, el titular de la Xunta dijo que se trata de un coche que fue renovado por «leasing» y que nunca lo utilizó Agustín Hernández.
«La gestión del parque móvil tiene defectos, en la última fase de los gobiernos del PP y, sobre todo, en el bipartito. Hay que hacer una gestión razonable. La instrucción es no comprar coches nuevos y utilizar los que hay. Eso es lo que vamos a hacer», concluyó.