debate sobre la financiación autonómica Galicia pide a Solbes ser la primera en negociar las cifras de la financiación

La Xunta no quiere hablar de cifras para no enturbiar el último tramo del debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. El conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, ha dicho que hasta que el Gobierno le ponga números al borrador presentado en diciembre la discusión «no tendrá límites». En la práctica, el escenario planteado por el ministro Pedro Solbes deja a las tesis gallegas en situación de ganar entre 400 y 600 millones de euros más al año (casi 100.000 millones de las antiguas pesetas). Si el Gobierno no mejora su esfuerzo financiero, el objetivo final se moverá en estos parámetros, siempre en función del dinero cedido para cerrar el polémico reparto.

En los últimos cinco meses, el ministro de Economía solo ha dado una pista: «Como máximo, el Estado mejorará su aportación económica en 6.000 millones», dijo Solbes tras conocer que Cataluña exigía «al menos entre 15.000 y 16.000 millones». Juntas, las peticiones de todas las comunidades habrían precisado de una generosidad próxima a los 27.000 millones. De hecho, el primer escenario planteado por la Xunta implicaba, según los cálculos de los expertos, un aumento en la financiación gallega próximo a los mil millones de euros.

Inmersos en la desembocadura del debate que fijará las reglas de la financiación para la próxima década, es hora de afinar las posiciones. La estrategia de la Xunta pasa por liderar el frente de las comunidades pobres (en el que se incluyen Asturias, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Aragón) y armonizar sus peticiones con las de Cataluña, que abandera los territorios ricos (Madrid, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía).

El responsable gallego de Economía, José Ramón Fernández Antonio, le ha pedido al ministro Solbes ser el primero en la ronda bilateral que el Gobierno abrirá de aquí a final de enero, cuando se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Antes, el conselleiro mantendrá contactos personales con sus homólogos de otras comunidades.

El centro de la discusión

La intención es fijar posiciones en la negociación de las cifras (sin duda la más polémica), tratar de colocar los grandes intereses gallegos en el centro del debate y crear un frente común capaz de exigirle al Ejecutivo central un mayor esfuerzo financiero. Las autonomías con menos recursos quieren que el Estado aporte entre 8.000 y 10.000 millones por encima del actual baremo. La misión, según esta misma semana manifestaban fuentes del PSOE próximas al Ejecutivo, se antoja «difícil de lograr» y muy posiblemente se quede «bastante más cerca de las posiciones anunciadas por Solbes».

La Xunta cree que la partida de la financiación no va mal. Galicia ya tiene asegurado que factores como la dispersión o el envejecimiento serán más ponderados frente a la población (ahora el factor poblacional pesa un 75% para el cálculo de necesidades en sanidad y servicios sociales y un 94% para el resto de servicios).

También se ha garantizado que la financiación per cápita se igualará en función de la población ajustada, y que se nivelarán todos los servicios transferidos y no solo los básicos que pedía Cataluña. Todas las comunidades tendrán mayor autonomía fiscal y más recursos por habitante. La incógnita es el peso político que tendrán los territorios ricos a la hora de cifrar el borrador. Históricamente, siempre han ganado.