La Administración perdió su capacidad de decisión al firmarse el contrato privado de salvamento
VIGO CIUDAD
La Abogacía del Estado considera que la Administración española perdió «toda su capacidad de decisión respecto al destino del buque y por consiguiente, en cuanto al rumbo a seguir», cuando se negoció el contrato privado con la compañía Smit Salvage y el personal de esta empresa se embarcó en el Prestige .
La intervención del Estado desde la noche del día 14 y la madrugada del 15 se limitaría a dos puntos: «Ordenar a los salvadores que navegasen a una distancia de 120 millas de la costa española y organizar los medios para prestarles auxilio con remolcadores y helicópteros de salvamento».
La tesis de la Abogacía del Estado es que, durante el día 13 y parte del 14, los esfuerzos se centraron en evitar que el petrolero encallara en la costa. A partir del mediodía del día 14 se toma la decisión de distanciarlo, «al efecto de que, alejado el peligro inminente para nuestro territorio, los propietarios del buque pudieran decidir lo que más les conviniese en defensa de sus intereses económicos».
Entre estas opciones figuraba la presentación de un plan de refugio. Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado consideran que la compañía Smit nunca aportó un plan de salvamento serio para refugiar el buque. Se limitaron a solicitar refugio en la ría de Vigo sin presentar un plan de actuación y de valoración de riesgos, algo que califican como «temeridad».