La estrategia del PP de atacar al conselleiro de Medio Ambiente a través de la gestión de la sociedad ha desatado un cruce de acusaciones que resolverán los tribunales
24 dic 2008 . Actualizado a las 02:08 h.Cuando José Álvarez Díaz llegó a la presidencia de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) en septiembre del 2005, lo hizo, según insiste siempre que tiene ocasión, con el objetivo de «poner orden al desorden de la gestión de residuos». Aterrizó en la planta de Cerceda dispuesto a acabar con el «oscurantismo» en el que, asegura, se había movido la compañía hasta entonces y decidido a aplicar una política de comunicación abriendo al público las instalaciones, que cada año visitan miles de personas. Entre sus objetivos estaban reducir la incineración de residuos y reorientar la empresa hacia el cumplimiento de las tres erres: reducción, reutilización y reciclaje. Y dispuesto a apostar fuerte por el I+D+i.
Ha cumplido muchos de sus objetivos, pero por el camino le han surgido varios escollos que él mismo destaca: El primero de ellos, el portavoz de Medio Ambiente del PP, Jaime Castiñeira, quien ha acusado a Sogama de tener un vertedero ilegal en Areosa, de contaminar el río Lengüelle y ahora, también, de haber adjudicado a dedo la automatización de la planta de clasificación, un proyecto de más de 19 millones de euros.
Una guerra política
José Álvarez lo niega todo. Ha mostrado documentación que pone de manifiesto la legalidad del depósito de Areosa, ha encargado todo tipo de análisis de los cauces cercanos -las investigaciones de varios departamentos siguen su curso, pero, de momento, no se ha podido demostrar su origen- y ha explicado cómo se llevó a cabo la adjudicación de las últimas obras.
A esta línea de acusaciones se ha unido también un grupo de trabajadores, entre ellos el jefe de transferencia y transporte de la compañía, Javier Costa Vázquez, y el secretario general de Sogama, José María Hernández Sanmamed -hijo del ex conselleiro José María Hernández Cochón-, que han remitido un escrito de denuncia a la Consellería de Economía.
Antes, además, también habían presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación de la planta, que fue rechazado por los tribunales.
Y ha sido aquí donde en el seno de la sociedad ha estallado una guerra en la que pueden entreverse motivos políticos. «Mi objetivo siempre ha sido el de mirar hacia delante, yo no quería revolver en el pasado, pero alguien se ha empeñado en que no sea así», dice ahora Álvarez Díaz, quien no ha dudado en sacar a la luz todos los trapos sucios con los que se ha encontrado desde septiembre del 2005. Una serie de irregularidades que puso de manifiesto el Consello de Contas en 1999 y en el 2004 y que ahora investiga también el Tribunal de Cuentas.
Este organismo abrió el pasado verano diligencias previas por presuntas responsabilidades contables en la gestión de fondos de la sociedad durante el 2004, año en el que, recuerda Álvarez Díaz, «gobernaba el PP». Ese año, constata el Consello de Contas, «algunos de los puestos de trabajo de la plantilla experimentaron incrementos retributivos que oscilan desde un 7,4% hasta un máximo de un 20%, muy superiores a los establecidos por la ley y sin que respondan a una variación sustancial del contenido del puesto».
Idénticas funciones
Dos de los beneficiados de esos incrementos, explica el presidente de Sogama, fueron, precisamente, dos de los que ahora se han quejado en la Consellería de Economía. «Se le cambió de nombre a sus puestos, pero mantuvieron las mismas funciones», indica Álvarez Díaz, quien añade que los incrementos se justificaron «diciendo que la actividad y gestión que desarrollaba Sogama entonces había superado todas las previsiones».
El presidente considera que lo que está haciendo ahora tanto el PP como esos trabajadores es «autodenunciarse». «Me están acusando a mí, sin ningún tipo de pruebas, de lo que antes estaban haciendo ellos y que ahora investigan los tribunales», añade José Álvarez, quien insiste en que él se ha limitado a aplicar todas las recomendaciones realizadas por el Consello de Contas. La batalla interna, mientras, sigue abierta.