análisis El modelo de Montilla dejaría a la Xunta sin cumplir tres de sus objetivos en el acuerdo

El Gobierno de la Xunta tiene cuatro objetivos fundamentales desde que se inició el proceso de negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Recibir más dinero del Estado en términos absolutos; que se tengan en cuenta las variables de dispersión y envejecimiento de la población a la hora de repartir los fondos; que el concepto de solidaridad interterritorial alcance a la financiación de todo el conjunto de las competencias cedidas, y mantener el actual diferencial positivo respecto a otras comunidades en lo que a financiación per cápita se refiere.

De mantenerse el sistema que proponen ahora el Gobierno y la Generalitat, presidida por Montilla -según algunos incluso lo han pactado ya-, Galicia solo vería cumplido uno de esos objetivos, el de recibir más dinero en términos absolutos. Algo lógico porque todas las comunidades van a disponer de más fondos al aumentarse la autonomía fiscal. El Gobierno parece poco dispuesto a incrementar significativamente la variable de dispersión o envejecimiento, que ya computa mínimamente en el sistema. El Ejecutivo ha preferido ponderar al alza la variable de aumento de población. Eso le permite aunar el apoyo de Cataluña y Andalucía, algo que en principio parecía difícil, y de paso contentar a Madrid, lo que limitará las críticas del PP.

En cuanto a que la solidaridad alcance a todas las competencias, Gobierno y Generalitat están de acuerdo en limitar esa solidaridad a la salud, la educación o los servicios sociales. Lo único que debaten es qué cantidad de la financiación total absorben esos servicios básicos. Para Cataluña, el 65%. Para el Gobierno, más del 75%.

Por último, en lo que se refiere a que Galicia y otras comunidades menos desarrolladas mantengan su diferencial positivo en financiación per cápita, la batalla parece perdida. Esa es precisamente la base de toda la discusión. Cataluña (y tampoco Madrid, aunque haga menos ruido) no acepta que siendo una de las que más recauda y aporta al sistema sea una de las que menos recibe por habitante. El Gobierno admite que la tendencia debe ser a aminorar las diferencias per cápita. Pero habrá que ver en qué medida.