La misa en honor de la patrona de la Guardia Civil que se ofició el pasado 12 de octubre en la iglesia de Arteixo empezó, transcurrió y terminó como el rosario de la aurora. Un grupo de unas 25 personas se concentraron aquella mañana en los alrededores del templo para exigir una investigación sobre la muerte, en el 2004, de un joven en los calabozos del cuartel de Arteixo. Una mujer llegó a entrar en la iglesia durante la misa.
Diez días después de aquello, doce de los manifestantes fueron denunciados por la Guardia Civil como supuestos autores de un delito de detención ilegal o secuestro y otro contra la libertad de culto. Y ayer, en el Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña se les tomó declaración como imputados. Todos negaron las acusaciones, y cuatro de ellos incluso manifestaron que aquella mañana no acudieron a Arteixo. El resto admitieron haber participado en la concentración, pero juraron que lo único que hicieron fue «ejercer su libertad de expresión», sin llegar a «interrumpir la misa ni entorpecer la salida de los asistentes» de la iglesia. La prueba de que «allí nada pasó» es, según los imputados, que ni tuvieron que actuar las fuerzas públicas ni se produjeron detenciones o identificaciones, aseguran los imputados.
Los guardias civiles no lo vieron así. En la denuncia, los asistentes a la misa sostienen que fueron injuriados e insultados, y que la actitud violenta de los manifestantes los mantuvo en el templo ante el temor a ser golpeados, lo que consideran un delito de detención ilegal o secuestro. Además, la entrada de una mujer interrumpiendo el oficio religioso, así como los gritos que llegaban desde fuera de la iglesia no permitieron la celebración normal de la misa, lo que supone, para los denunciantes, un delito contra la libertad de culto. La denuncia siguió su curso y la jueza citó a los manifestantes como imputados por esos dos delitos, que sumados podrían acarrear penas que rondarían los cinco años de prisión.
No es la primera vez que la Guardia Civil denuncia a este grupo de personas. Hace un año exactamente los acusaron de un delito de injurias después de una manifestación en la que los agentes aseguraron que les habían llamado asesinos. En aquella ocasión, el juez archivó la denuncia.
El motivo de que los imputados se concentren periódicamente a las puertas de los juzgados coruñeses es exigir responsabilidades por la muerte del joven Diego Viña, que tenía 22 años cuando falleció, el 22 de septiembre del 2004. Había sido arrestado un día antes después de que su padre lo denunciase por causar un altercado en el domicilio. A la mañana siguiente, el joven dijo que se sentía mal y fue sometido a un reconocimiento médico. A primera hora de la tarde apareció ahorcado en el calabozo. Su familia pidió una investigación, que nunca se hizo, aunque un juzgado investiga si el joven sufrió una detención ilegal.