Una fundación auspiciada por la Xunta envió al menos a tres personas con problemas a una pensión clandestina, que hacía las veces de residencia de la tercera edad y cuyos responsables se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo, acusados de un presunto delito de estafa descubierto a finales del año 2003. Asimismo, en la información que dispensaban algunas asistentes sociales a personas que precisaban acogida aparecía esta pensión, donde, por poco dinero, facilitaban comida, cama y lavado de ropa. El matrimonio responsable de la casa, con cuatro pisos y buhardilla dedicados todos ellos, menos uno, a habitaciones, se enfrenta a una petición total de ocho años de cárcel. Inspectoras de lo que fue la Consellería de Asuntos Sociais quedaron alarmadas cuando comprobaron las condiciones de salubridad del establecimiento clandestino.
La pensión fue puesta en marcha por una auxiliar de enfermería, M.?D.?C.?S., que presuntamente contaba con la colaboración de su esposo, A.?L.?C. Primero compraron un piso en el inmueble número 62 de la calle Castelao, de Lugo, y poco a poco lograron hacerse con los tres restantes y la buhardilla. Todos los dedicaron a residencia con una capacidad total para 22 plazas. Llegó a haber 19 personas mayores, algunas incapacitadas. Cuando las inspectoras entraron había un total de 15.
Quienes recalaban en la pensión, según quedó reflejado en el juicio de ayer, eran personas sin familia o abandonadas.
La principal responsable del establecimiento, M.?D.?C.?S., declaró ayer que asistentes sociales de los hospitales lucenses le enviaban o pedían que acogiera a personas con las que no sabían qué hacer cuando recibían el alta médica. También destacó que la Funga, una fundación auspiciada por la Xunta que se ocupa de la tutela de ancianos y de otras personas con problemas, le envió clientes.
«Un sitio digno para 240 euros»
Una trabajadora de la fundación declaró que enviaron a tres personas y que incluso revisaron la habitación de dos de ellas, «y estuvimos de acuerdo». «Estuve personalmente en la pensión y la habitación que vi estaba bien. La persona que acogieron pagaba 240 euros mensuales por la comida y el lavado de la ropa. Era un sitio digno para esa cantidad. Mucho más con ese dinero no se puede hacer», aclaró. Una de las personas que enviaron era una mujer menor de sesenta años, con una pensión de 276 euros, afectada de alzhéimer y para la que no había plazas en ninguna residencia. Otras dos personas que remitieron eran dos personas con dolencias mentales. «Algúns enviáronos sen ter resolto o cobro de pensión, e aínda non tendo nada atendémolos igual inicialmente», dijo la acusada.