Faltan jueces. Es una de las pocas ideas de consenso en el sector. Multiplicar por dos la plantilla de funcionarios apenas incidiría en una mejora del sistema porque todos los asuntos tienen que pasar necesariamente por el juez. Sin aumentar el número de jueces no hay posibilidad de aligerar el atasco.
Las ejecutorias no cuentan. Entre los parámetros que el CGPJ tiene en cuenta para incrementar los juzgados no están las ejecutorias. La consecuencia es que, en general, los jueces dedican menos tiempo a resolver esa parte del proceso que las otras, con lo que el atasco se deriva hacia la ejecución de las sentencias.
Profusión de denuncias. En la Justicia, el que pierde, paga. Pero no en el ámbito penal. Es posible realizar una denuncia, aun sin prueba alguna y generar inmediatamente un expediente judicial. La perversión del sistema hace que una carga de trabajo notable esté condenada a su archivo, lastrando el desarrollo de asuntos de mayor calado.
Demasiadas Administraciones. En el ámbito judicial, los jueces dependen del CGPJ; los secretarios, del Ministerio de Justicia y, los funcionarios, de la Xunta. Al mismo tiempo operan necesariamente en el proceso profesionales como los abogados y procuradores. Normalmente, cualquier reforma del sistema suele contar siempre con la oposición de alguno de estos colectivos.
Instalados en el pasado. Desde las toneladas de papel que genera la actividad judicial, a las togas que se intercambian los letrados, pasando por el farragoso lenguaje utilizado o los escasos cambios procesales, el mundo judicial mira mucho más al pasado que al futuro, complicando la implantación de métodos más modernos y eficaces.