medio ambiente Dimite un cargo de Sogama tras una polémica adjudicación de 19 millones

Las diferencias de criterio sobre la política de residuos que mantienen el Gobierno de la Xunta y Unión Fenosa, ambas accionistas de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), se han cobrado la primera víctima importante: Francisco Bustío, consejero delegado de la empresa pública que tiene su centro de operaciones en el municipio de Cerceda y que dimitió del cargo justo cuando el Partido Popular denunciaba el método seguido en la adjudicación de un proyecto valorado en 19 millones de euros.

Hace dos meses que Bustío, que llevaba tres años en el consejo de administración de Sogama, presentó su dimisión por escrito al presidente de la sociedad, José Álvarez Díaz, renuncia que fue aceptada por el consejo de administración en la reunión celebrada hace dos días. Fuentes de Sogama relacionaron esta dimisión con un nuevo puesto que le surgió a Bustío en Madrid, también dentro de Unión Fenosa, y explicaron que la salida de este directivo obligará a retocar ligeramente el organigrama de la sociedad controlada mayoritariamente por la Xunta. De este modo, el cargo de consejero delegado será reemplazado por el de director general, que será ocupado a partir de mediados de noviembre por el ingeniero técnico Ángel Alonso Guerreiro, procedente de la firma de certificación Applus+.

Adjudicación

La salida de Francisco Bustío coincidió con la denuncia hecha por el PPdeG en el Parlamento sobre el procedimiento seguido en el concurso público para adjudicar la «automatización, operación, mantemento e limpeza», dicen los populares, de la planta de clasificación de envases ligeros del complejo de medioambiental de Cerceda.

El diputado lucense Jaime Castiñeira acusó al presidente de Sogama de desentenderse del estudio técnico encargado por la mesa de contratación, en el que la firma Urbaser (filial del grupo ACS de Florentino Pérez, quien también controlaba Fenosa) despuntaba como la mejor colocada para alzarse con el contrato de 19 millones de euros. No obstante, explica el PP, se solicitó un nuevo informe ad hoc a la Universidade de Vigo en el que la firma que recibió más puntuación fue Cespa, vinculada al grupo Ferrovial. «Seguiuse o exemplo da conselleira de Política Territorial», dijo Castiñeira, en alusión a la adjudicación del desdoblamiento de la autovía de Barbanza, que según el PPdeG se adjudicó tras un segundo informe a la compañía Itínere (Sacyr) pese a presentar una oferta que superaba en 30 millones de euros a la del grupo gallego San José.

El portavoz popular de Medio Ambiente insistió en que el presidente de Sogama «rexeitou» la propuesta de adjudicación elaborada por los propios técnicos de Sogama, que era «coincidente» con la que refleja el informe elaborado por Ecoembes. Castiñeira considera «chamativo» que el presidente de la sociedad pública «rexeite aos técnicos da súa propia empresa» y encargue un nuevo estudio a la universidad, que decantó el contrato en favor de Cespa.

No es la primera vez que la Xunta y Fenosa mantienen posiciones encontradas en el seno de Sogama, muchas veces debido a la política seguida durante años por esta sociedad que adjudicaba su contratos a firmas directa o indirectamente relacionadas con la compañía eléctrica o el grupo ACS.