La propuesta ciudadana sigue sin respuesta pese a que fue admitida a trámite por la Cámara hace nueve meses
01 nov 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La iniciativa legislativa popular (ILP) en la que se plantea la derogación del controvertido plus de 15.000 euros anuales que reciben los altos cargos de la Xunta al dejar su puesto no encuentra a nadie que le abra camino en el Parlamento. La propuesta que empezó a promover hace un año la CIG, y que llegó al pazo de O Hórreo con el aval de más de 19.000 firmas, superó hace más de un mes todos los requisitos reglamentarios para ser debatida en pleno, aunque le falta el definitivo: encontrar un grupo político que esté dispuesto a reabrir un debate extremadamente sensible en medio de la precampaña electoral que ya se palpa en Galicia.
El reglamento de la Cámara reserva a los grupos parlamentarios (PP, PSOE y BNG) y al Gobierno de la Xunta la potestad de incluir asuntos en el orden del día de un pleno, de tal forma que cualquier iniciativa que se promueva desde fuera -como es el caso de la que abandera el sindicato nacionalista- tiene que ser formalmente adoptada por un grupo, o bien por todos en conjunto, para que pueda tener recorrido.
El problema con el que se está topando la ILP que propone derogar el complemento salarial de los altos cargos es que ningún grupo ha dado el paso al frente para apadrinar la propuesta y todos «xogan a mirar cara a outro lado», relata una fuente parlamentaria, a la espera de que la convocatoria de las elecciones autonómicas y la consiguiente disolución de la Cámara eviten el trago de reabrir ahora un debate que, en el contexto de crisis económica, podría incitar más a la impopularidad de la clase política.
Acuerdo polémico
De hecho, el plus de los altos cargos fue aprobado en julio del 2007, en un pleno extraordinario de la Cámara, con el apoyo unánime de todos los grupos. Aun así, el BNG se desmarcó días después del acuerdo, enfrentándose a sus socios del PSOE y al PP, si bien finalmente acabó replegando velas y supeditando la remodelación de este sistema retributivo recién aprobado a la promulgación de una nueva Lei da Función Pública.
Desde noviembre del 2007
No obstante, una vez que el Bloque tiró la toalla en esta batalla, la CIG se encargó de tomar el relevo elevando una iniciativa a la Mesa del Parlamento, que fue revisada por primera vez el 6 de noviembre del 2007. Este órgano parlamentario, presidido por la socialista Dolores Villarino, se dirigió a la central sindical dos semanas después para pedirle información complementaria, petición que fue satisfecha.
El pasado 21 de enero, es decir, hace nueve meses, la Mesa admitió a trámite la propuesta de la CIG, fecha a partir de la cual el sindicato se embarcó en su campaña de recogida de firmas. Acabaron reuniendo 19.146 rúbricas, 4.000 por encima del mínimo legal, que se presentaron en el registro de la Cámara el 17 de junio y no sin polémicas, pues los dirigentes sindicales llegaron a ser desalojados de la Casona do Hórreo sin tener la posibilidad de utilizar las instalaciones para ofrecer una rueda de prensa.
Tras ese paso, la ILP pasó los demás requisitos formales -como la corrección lingüística o del lenguaje sexista- y desde hace al menos dos meses «está en disposición», asegura un diputado autonómico, de ser tomada en consideración por el pleno de la Cámara si finalmente existe un grupo político que dé un paso al frente para apadrinar la iniciativa.