La investigación dispone de fotografías en las que pueden verse las entregas ilegales de marisco
El jefe de la banda de furtivos declaró que creía que no era delito porque un mariscador irregular fue absuelto
El Seprona entregó al juez documentación que relaciona al menos a ocho restaurantes de toda Galicia con la trama de comercialización de vieira contaminada extraída en la ría de Ferrol. Por el momento, el juez ha imputado delitos contra la salud pública a los seis mariscadores que capitaneaban los hermanos Calvo Castiñeiras, a la restauradora compostelana Toñi Vicente, y al almacenista y distribuidor de mariscos Ramón Queiro.
Por ello no se descarta que en los próximos días el número de imputados se amplíe a otros hosteleros. En la lista de establecimientos, además de los conocidos hasta ahora de la zona de Santiago (Sexto I y II), aparecen otros dos de Poio (Casa Laura y Casa Ces), dos de Sanxenxo (Marlima I, Marlima II) y otro de Compostela (Algueirada). Asimismo, en Sanxenxo se investiga a Mariscos Lima.
Dependerá del resultado de los análisis de la vieira intervenida en los registros llevados a cabo por la Guardia Civil en todos los restaurantes. Si se confirma la procedencia irregular y sin control sanitario de este marisco, presumiblemente los propietarios pasarán a engrosar la lista de encausados por el juez ferrolano Alejandro Morán Llordén.
Uno de los hermanos Calvo Castiñeira, a los que el juez atribuye llevar la dirección del grupo de furtivos que faenaban en la ría ferrolana, dice en su declaración ante el instructor que pensaba que no era delito lo que estaban haciendo porque recientemente, dos compañeros suyos, también mariscadores ilegales, habían sido absueltos del delito contra la salud pública. Es decir, que se trataba solo de una «infracción administrativa».
Inicio de las investigaciones
Fue a mediados de julio pasado cuando la Guardia Civil dio cuenta de que un grupo de personas (la banda de los Calvo Castiñeira) extraían y comercializaban ilegalmente «grandes cantidades de vieira, trasladándolas posteriormente a diferentes puntos de la geografía gallega, entre otros, Santiago». Citaba entonces ya el Seprona a una «empresa de congelados que recibía parte del material», situada también en Compostela. El juez autorizó entonces las intervenciones telefónicas de los furtivos. Se descubre también que el grupo utilizaba un pequeño almacén en Narón, provisto de cámaras frigoríficas, para almacenar el marisco ilegal hasta el momento de su distribución. Atendían así los pedidos que les hacían los restauradores ahora investigados. Existen fotografías en las que pueden verse entregas.
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