análisis La posición de Cataluña perjudica a la comunidad gallega

La posición maximalista que mantiene la Generalitat en el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica no supone solo un órdago hacia el Gobierno, sino que tiene graves implicaciones para otras comunidades, muy especialmente para Galicia. Si el Ejecutivo acabara cediendo a la pretensión del Gobierno catalán de que la solidaridad interterritorial se limite a la nivelación de las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales, Galicia saldría doblemente perjudicada. En primer lugar, porque desde el Gobierno esa limitación se calcularía únicamente en función de los habitantes, ya que el modelo de Solbes no tiene en cuenta las variables de dispersión y envejecimiento de la población. Pero también porque Galicia tiene un fuerte déficit de inversión histórica en otras áreas al margen de la educación o la sanidad, como son la justicia o el medio ambiente.

Pero Galicia sufriría también muy especialmente si el PSC y el resto de los partidos catalanes llevaran hasta el final su amenaza de no apoyar los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no cede a sus pretensiones en torno a la financiación. En caso de que se consumara esa amenaza, al Gobierno no le quedaría otro remedio que prorrogar los Presupuestos del 2008, ya que sin los 25 diputados del PSC y los 10 de CiU no es posible sacarlos adelante. La prórroga de los Presupuestos supondría el golpe final a las aspiraciones de que el AVE llegue a Galicia en el 2012. En la última visita que Emilio Pérez Touriño realizó a la Moncloa, el presidente Zapatero le garantizó que los Presupuestos del 2009 incluirían inversiones suficientes para poner en marcha todos los tramos del AVE en ese año, especialmente entre Lubián y Ourense, condición indispensable para cumplir el plazo del 2012. Pero la prórroga de los Presupuestos del 2008 impediría aumentar los créditos necesarios para esas inversiones, con lo que el proyecto se vería seriamente afectado.

El pasado jueves el propio Zapatero insistió en que la crisis económica no afectará a las inversiones previstas en infraestructuras ni a las políticas sociales, pero no hizo referencia al supuesto de una prórroga presupuestaria. El presidente garantizó en cualquier caso que Cataluña recibirá el 18% de la inversión estatal en infraestructuras durante los próximo seis años, como sucedió en el ejercicio pasado, dado que ese compromiso está reflejado en el Estatuto catalán. Sin embargo, la inversión del 8% del total estatal en Galicia es solo un compromiso verbal de Zapatero, no reflejado en ningún texto legal.