Tres mil millones de euros, casi el 39% de lo que el Estado le ha dado a Galicia en el año 2006, una cuarta parte del presupuesto de la Xunta para el 2008, y un 6% del PIB regional. Esta es la cantidad que se juega la comunidad gallega si finalmente fracasa su propuesta de financiación autonómica y si, además, se aceptan los límites a la solidaridad que plantea Cataluña en aplicación de su nuevo Estatuto de Autonomía.
Ceñir el cálculo de las necesidades a la sanidad, la educación y los servicios sociales, como pide la Generalitat, y que cada autonomía se autofinancie el resto de los servicios transferidos, le haría perder a Galicia cerca de 1.900 millones de euros en recursos provinientes del Estado.
Junto a Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Canarias, sería el territorio más perjudicado por esta medida. Cataluña, Madrid y Baleares, por contra, ganarían entre 500 y 2.000 millones más. Y Valencia continuaría en su mismo nivel actual. Así lo calculó el Instituto de Estudios Fiscales, por encargo del propio Gobierno central, hace casi un año.
Debate abierto desde mayo
La pelea política no ha hecho más que empezar. El Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero lanzó el debate oficial sobre el nuevo modelo de financiación a finales de mayo. Lo hizo con una legislatura de retraso, porque el ministro de Economía, Pedro Solbes, no quiso abrir el complejo melón del reparto territorial a poco meses de los comicios generales.
Tal y como se preveía, apenas 45 días de calentamiento han bastado para que las 15 comunidades en liza (el País Vasco y Navarra están excluidas por sus regímenes forales) demuestren que el Ejecutivo de Zapatero se enfrentará a partir de septiembre a un polvorín político.
Del triunfo o el fracaso de las tesis catalanas, que pretenden limitar la solidaridad territorial a los llamados servicios esenciales, dependerá en buena medida la holgura que tendrá la caja registradora gallega en la próxima década para prestar y mejorar los servicios al ciudadano. El modelo planteado por la Xunta quiere que el 90% de los grandes impuestos recaudados en su territorio reviertan en la comunidad por dos vías: una mayor cesión fiscal y a través de un Fondo de Suficiencia mejor dotado. En total, cerca de mil millones de euros más que en el último presupuesto liquidado, el 2006. Ese ejercicio Galicia recibió 7.700 millones del Estado.
Cesión del IVA y el IRPF
Cataluña pide la cesión del 50% del IVA y el IRPF (ahora está cedido el 35 y el 33%, respectivamente), y del 58% de los impuestos especiales (ahora, el 40%). El resto de la financiación se negociaría de forma bilateral. Al Consejo de Política Fiscal y Financiera le queda una dura negociación por delante. Si la tesis gallega fracasa y, además, se imponen los límites que exige Cataluña, el resultado sería trágico para Galicia.