Un decreto aprobado por el Gobierno central -concretamente el Real Decreto 1464/2007 del 2 de noviembre- supondrá un importante beneficio para las empresas eléctricas y un grave perjuicio para los concellos, y para los ciudadanos, que verán seriamente reducidos los ingresos que recibían anualmente en concepto de contribución fiscal por el suelo ocupado de los grandes embalses, presas y construcciones similares. La voz de alarma la daba ayer el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza, que ha presentado una iniciativa para reclamar del Estado la anulación de esta medida.
El Real Decreto 1464/2007 establece las normas técnicas de valoración catastral, marcando, según recordaba ayer el político nacionalista, «tanto las normas específicas de valoración, como los coeficientes correctores diferenciados que han de tener en cuenta los ayuntamientos para fijar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de los denominados Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), tales como centrales hidroeléctricas, parques eólicos, autopistas, carreteras, centrales nucleares y otras instalaciones», como recoge el texto de la iniciativa registrada el pasado 4 de julio en el Senado por el Bloque.
En torno a un 50% menos
La nueva normativa también atribuye a Catastro la exclusividad para «llevar a cabo la ponencia de valores, tomando como único criterio o método de valoración los módulos que reflejan los anexos para cada una de las clases de BICE del Real Decreto 1464/2007». Esta circunstancia es la que, como denunció ayer el senador nacionalista, perjudicará seriamente a los concellos gallegos «xa que Catastro rebaixou a valoración, por termo medio, de todo este tipos de instalacións propiedade das empresas eléctricas -quedando nun 45% ou nun 50% do que estaban valoradas ata este ano- e aplica a maiores uns índices correctores que rebaixan aínda máis a tasación. O criterio é que como xa levan moitos anos pagando hai que rebaixarlles esa presión fiscal. Daquela, como a rebaixa é progresiva, as presas e os encoros que levan 40 ou 50 anos construídos apenas pagarán polo IBI». Esta nueva situación pasa a ser efectiva ahora, cuando se inicie la campaña del cobro del IBI del 2008.
Además, al atribuir el Estado la potestad exclusiva a Catastro para realizar la valoración de los BICE «péchanlle as portas aos concellos para impugnar os trámites de valoración catastral», lo que obligará a los municipios a acudir a la vía judicial.
Reclaman una compensación
En la moción presentada por Xosé Manuel Pérez Bouza en el Senado se solicita que el Gobierno adopte medidas para compensar económicamente a los concellos que han visto mermados sus ingresos por IBI debido a la rebaja impuesta por el decreto, y que se reforme la ley de haciendas locales para garantizar «un reparto más equitativo en el IBI-BICE de modo que no perjudique los ingresos de los municipios». Y también modificar el Real Decreto 1464/2007 para que los concellos puedan impugnar las ponencias de valoración de los BICE por Catastro y que se tome en consideración la sentencia que incluye a los parques eólicos como BICE.