El Defensor del Pueblo paraliza las quejas sobre la cooficialidad de gallego y castellano

El Defensor del Pueblo no tramitará quejas de los ciudadanos sobre asuntos relacionados con la cooficialidad lingüística, a la espera de la decisión que el Tribunal Constitucional adopte con respecto al recurso planteado por el Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre esta cuestión. La institución estima que el pronunciamiento del Constitucional «sentará doctrina» sobre los parámetros de constitucionalidad a los que deberán ajustarse figuras como la del Defensor.

En su informe anual, el Defensor hace referencia precisamente a varias quejas en relación con la cooficialidad del gallego y del castellano en el ámbito educativo. Algunas se refieren al desacuerdo de los departamentos de lengua española de varios institutos de educación secundaria con la ordenanza de la Consellería de Educación de redactar sus programaciones didácticas en gallego, según Efe.

El Defensor echa en falta una actuación más flexible y acorde con los pronunciamientos jurisdiccionales en esta materia. La institución constata que el decreto sobre la normalización del gallego ha sido sustituido por otro, también cuestionado por «un número considerable de quejas», que destacan que se incrementa el uso del gallego como lengua vehicular en la enseñanza en distintos niveles educativos, «en detrimento» de derechos lingüísticos, aunque el Defensor entiende que «son acordes» con la ley de normalización lingüística y ajustados a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Regulación ambigua

Sin embargo, el Defensor sí aprecia que la regulación es ambigua, especialmente en el uso del gallego en educación infantil y primaria, ya que el decreto podría obviar el derecho individual de cada alumno a recibir las primeras enseñanzas en su lengua materna, al prever que se impartan en la «predominante entre el alumnado del centro».

Por ello, el Defensor consultó con la consellería, aunque tras su informe no considera «despejadas las dudas» sobre su adecuación constitucional y legal. Pero también ha aclarado que esperará a conocer la resolución del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión por el recurso planteado por el Estatuto catalán.