El Tribunal Superior ordenó la suspensión para evitar posibles daños al entorno
El Concello de Miño asegura que el plan parcial para desarrollar la macrourbanización en el monte Piñeiro -ante la marisma de Baxoi- nació sin un estudio ambiental «por orden expresa» de la Xunta. Es precisamente la ausencia de ese informe lo que llevó a la Sala Segunda del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a paralizar la construcción de 700 viviendas.
El auto se basa en una «indebida preterición de lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes en el medio ambiente». El tribunal cita un requerimiento de la Xunta al Concello y explica que «tanto la Administración demandada (en referencia al Concello de Miño) como los codemandados (Xunta y UTE ganadora del concurso) guardan un sorprendente silencio» y relaciona este hecho con «la apreciación de que ciertamente la ejecución del acuerdo impugnado puede llegar a producir efectos y consecuencias [posibles daños al entorno provocados por las obras] cuya reparación alcanzaría un relevante grado de dificultad».
La sala acuerda «suspender el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Miño, de 8 de marzo de 2007, sobre la aprobación definitiva del plan». Aunque el Concello señala que esta medida es cautelar, ya que un error impidió que los servicios jurídicos municipales presentaran las correspondientes alegaciones como parte demandada.
El alcalde de Miño, el popular Juan Maceiras, se escuda en que siguió las órdenes de la Xunta, aunque tuvo diferencias con Medio Ambiente sobre la convenencia de realizar el estudio antes de aprobar el plan.
Un estudio y para construir
Finalmente, la consellería admitió que bastaba con un estudio de impacto medioambiental antes del desarrollo del proyecto y así lo notificó al Ayuntamiento miñense el 3 de enero del 2007. Eso sí, alertaba de tres cuestiones: para empezar, de la elevada «fragilidad» de la zona, próxima a la marisma de Baxoi, de un lugar de importancia comunitaria (LIC) que posee sistemas protegidos del entorno de Betanzos y la ensenada de Bañobre. Además, destacaba la difícil orografía «con pendentes elevadas» que pueden causar daños o vertidos por los desmontes.
Por último, alertaba de que «a creación desta zona residencial a carón do núcleo urbano de Miño suporá un incremento da poboación do concello, na actualidade de 5.000 habitantes, dun 30%».
Para el alcalde, está claro que la polémica se zanjó poco después, ya que «la resolución del director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la consellería del 19 de febrero del 2007 admite la alegación del Concello y acuerda que lo que deberá someterse a evaluación de impacto medioambiental será el proyecto de urbanización y no el plan parcial», según detalla.
Maceiras asegura que los requerimientos de la Xunta «carecen de sentido y la única explicación posible es un error» de comunicación entre los departamentos de la propia consellería.
Recuerda que la misma sala se negó a adoptar la paralización que ahora decreta en una causa idéntica, presentada el año pasado por Promociones Areal, otra de las firmas que compró terrenos en la zona y que no llegó a optar al concurso. «En todo caso el auto de paralización ha sido recurrido por el Concello y por la empresa adjudicataria», zanja el alcalde, para el que este proceso legal iniciado por la firma Vallehermoso tiene un solo objetivo: «Hacer presión, porque están tratando de vender sus terrenos al adjudicatario», según detalla uno de sus asesores.
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