El servicio de telefonía móvil de la Xunta entre julio próximo y junio del 2011 va a detraer de las arcas gallegas hasta 8,25 millones. Por término medio, su coste máximo diario irá evolucionando al alza desde los 6.084 euros calculados para el inicio del citado período hasta los 8.792 estimados para su final, pasando por los 7.054 esperados en el 2009 y los 8.112 aguardados en el ejercicio siguiente. Así se desprende del contenido de un expediente recién aprobado por la Consellería de Presidencia para determinar, a través de un concurso, la operadora con la que concertar el sistema. La puja por tan jugoso contrato comenzó ayer, si bien no se resolverá hasta principios del verano.
El departamento dirigido por José Luis Méndez Romeu ha elaborado estas previsiones de gasto analizando y proyectando al futuro los precios de mercado, los descuentos que aspira a lograr y la magnitud de su parque de terminales, así como el empleo que los usuarios hacen de él. Actualmente, la Administración autonómica ya dispone de 3.691 líneas de móvil, las cuales ascenderán a 4.600 durante los tres semestres venideros, para rozar el techo de las 5.700 dentro de tres años. Esos aparatos se reparten entre trece áreas de gobierno (la Jefatura, la Vicepresidencia da Igualdade y las doce consellerías, excepto Sanidade) y 50 organismos adscritos: fundaciones, entes de apoyo, agencias, sociedades mercantiles...
Solo a corto plazo, el bipartito asume que habrá que afrontar un consumo semanal de 19.771 mensajes de texto y 95.823 llamadas, cantidad que aúna las realizadas y las recibidas en el extranjero. Por lo común, cada una de esas comunicaciones durará dos minutos y 26 segundos. Además, el Ejecutivo reconoce que dichas cifras tenderán a dispararse un 15% hasta el 2010.
No en vano, Presidencia demanda a las potenciales adjudicatarias que innoven y le suministren «un sistema de gestión con recursos necesarios para disponer de un control eficiente del gasto». En concreto, exige una herramienta informática que permita «consultar en tiempo real el importe cursado en la última hora por cada una de las extensiones», es decir, que le abra la posibilidad de fiscalizar por sorpresa los hábitos de cada beneficiario de un móvil público. Asimismo, quiere establecer limitadores de facturación por número, bloqueos selectivos de determinadas aplicaciones (navegación en Internet, por ejemplo) y restricciones de llamadas en función de quién las efectúe, de cuándo lo haga y de dónde se halle el destinatario.
El presupuesto consignado para este servicio, advierte la Xunta, cubrirá no solo los tráficos de voz y datos generados desde sus móviles, sino también los recibidos procedentes de teléfonos fijos corporativos instalados en sus oficinas, amén de tareas de mantenimiento, asesoría, formación de personal y renovación de medios. A mayores, el Gobierno reclama a la proveedora un compromiso: «Reserva y confidencialidad con la información que pudiera obtener».
Aparatos en gallego
De entre cuantas presenten su candidatura, Presidencia elegirá a la sociedad que proponga tarifas más ventajosas, mejores prestaciones y equipos, mayor solvencia y amplia cobertura. «Se valorará -añade- el que dentro del menú de los terminales ofertados se incluya como opción el idioma gallego».
Junto con los referidos a la tecnología móvil, el gabinete de Méndez Romeu comenzó ayer los trámites para confiar al sector privado sus cuentas de telefonía convencional e Internet, también por espacio de tres años y a cambio de un global de 9,8 millones, a lo sumo.