Bruselas propone una nueva ley para que todos los países de la UE consideren delito los vertidos tóxicos al mar
GALICIA
Más de cinco años después de la marea negra del Prestige, la Comisión Europea volvió a presentar ayer una nueva propuesta de directiva que obligará a todos los países de la UE a aplicar sanciones de carácter penal -incluyendo castigos de cárcel- a los autores y responsables de vertidos graves de sustancias tóxicas al mar, similares al ocasionado por el petrolero griego en Galicia en noviembre del año 2002.
La nueva directiva sustituye a una decisión marco del Consejo de Ministros de los Veintisiete, que había negado a la Comisión competencias para legislar en materia de derecho penal de los Estados miembros. Países tradicionalmente euroescépticos, como el Reino Unido, consideraron un mal precedente reconocer al Ejecutivo comunitario la capacidad de hacer propuestas que les obligasen a modificar sus leyes criminales, y forzaron al resto a excluir a la Comisión del procedimiento legislativo.
Sin embargo, Bruselas impugnó esa decisión ante el ?Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, alegando que las leyes europeas le otorgan plenos derechos para proponer legislaciones dirigidas a proteger el medio ambiente de la UE. Los jueces acabaron dándole la razón en octubre pasado, aceptando su versión y anulando la norma del Consejo.
Endurecimiento
La nueva ley no solo obliga a imponer sanciones penales por delitos ecológicos provocados por vertidos de sustancias peligrosas, sino que endurece considerablemente las relativas a los casos más graves, que deberán elevarse a entre cinco y diez años de cárcel y multas máximas de 1,5 millones de euros. Además, para las mareas negras como las del Prestige, se amplía la cadena de responsabilidades desde el capitán y el armador del barco implicado al consignatario de la carga y a la sociedad de clasificación.
A diferencia de la decisión marco del Consejo, que fue adoptada unilateralmente por los Veintisiete, la directiva de la Comisión deberá ser debatida por el Parlamento antes de que los ministros le den su visto bueno definitivo. De ser aprobada tal y como está redactada, obligará a modificar la legislación penal española, que ya fija penas de entre dos y cuatro años de cárcel y multas de hasta 216.000 euros para los responsables de los vertidos, a quienes se puede también inhabilitar por decisión judicial.