La consellería de Sanidade denegó la licencia de apertura del camposanto de la parroquia de Dorrón por incumplir la normativa sanitaria mortuoria.
24 feb 2008 . Actualizado a las 22:29 h.La legislación actual impide que vivos y muertos puedan compartir un espacio separado por menos de cincuenta metros que es la distancia que divide los límites de un nuevo cementerio y de cuatro chalets en construcción en la parroquia de Dorrón, en el municipio de Sanxenxo.
La consellería de Sanidade denegó la licencia de apertura del camposanto de la parroquia de Dorrón por incumplir la normativa sanitaria mortuoria y esa imposibilidad de poder enterrar a los muertos en ese espacio ha causado la indignación de los vecinos.
En el caso de esas construcciones no se respeta la exigencia de mantener una zona protegida por una franja de cincuenta metros de ancho, libre de cualquier clase de construcción, a partir del perímetro exterior del cementerio.
La instalación mortuoria fue una de las reivindicaciones sociales más sonoras de los vecinos de Dorrón en los últimos años y ahora no salen de su asombro ante la paradójica situación de no poder utilizar el camposanto para enterrar a sus muertos.
Los vecinos insisten en que los chalets son construcciones posteriores al cementerio y, miran hacia la alcaldesa a la que consideran la principal responsable de lo ocurrido.
Los actuales problemas se remontan a mediados del pasado año 2007.
La licencia para urbanizar esa zona, lindante al cementerio, y levantar cuatro viviendas familiares, fue concedida en la sesión plenaria del 30 de agosto a la promotora Ferro Mesego.
Según establece el Plan Xeral de Ordenación Municipal, la zona es una unidad de actuación urbanizable, aunque cumpliendo la normativa sanitaria en el caso de limitar con un espacio de esas características.
El 29 de enero pasado la corporación municipal de Sanxenxo dio luz verde al reglamento de funcionamiento del cementerio de Dorrón, a pesar de las singulares circunstancias que presentaba.
Dulcinea Aguín, portavoz municipal del PSdeG, acusó a la alcaldesa de «cumplir con la ley del ladrillo del Partido Popular, practicada en este municipio».
Por su parte, la alcaldesa, Catalina González, anunció que presentará un recurso administrativo.
En esta ocasión, la medida judicial intentará contrarrestar la negativa de la Consellería de Sanidade de autorizar la apertura del cementerio y, resolver así un conflicto social que no para de crecer.
Pero la solución a esta compleja cuestión, a juicio de los socialistas, solo tiene una única salida: «cementerio o chalets», aclaró Aguín.
Parece que no existe un término medio para alcanzar una solución.
La prioridad del municipio debe estribar en amortizar una inversión de casi 500.00 euros, poniendo en servicio un cementerio infrautilizado con 360 panteones vacíos.