No hay dos sin tres, como parece que no hay tres sin cuatro. Si tres de los cuatro narcotraficantes franceses que fueron condenados por un alijo de 124 kilos de coca se valieron de un permiso penitenciario para poner pies en polvorosa, el cuarto ha dado ya los primeros pasos para intentar disfrutar en un futuro próximo de una salida de tres días.
El director del centro penitenciario de A Lama, José Antonio Gómez Novoa, confirmó ayer que Bruno Yves ha solicitado ya un permiso, petición que la junta de tratamiento de la prisión pontevedresa, al igual que en los otros tres casos precedentes, ha rechazado. «Se ha emitido un informe desfavorable», puntualizaron.
De este modo, al recluso le queda la opción de seguir el camino de sus compañeros huidos e interponer un recurso ante el titular de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra.
En este punto, funcionarios del penal pontevedrés aludieron a que «todo queda en manos del juez, quien fue el que concedió los permisos anteriores en contra del criterio de la junta de tratamiento de A Lama».
Sobre este último aspecto, Gómez Novoa precisó que «tanto a la junta de tratamiento, al rechazar la petición, como al juez, al estimar el recurso, les asiste la legalidad. Ambos tienen razón y no hay que olvidar que el juez es el que valora y toma la decisión en función de esta valoración». En este punto, precisó que los tres narcos habían cumplido la cuarta parte de la condena de algo más de 12 años y que habían mantenido un buen comportamiento durante su estancia en prisión, los dos requisitos que, tal y como había aclarado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, determinan la concesión o no de un permiso penitenciario.
En cualquier caso, el director de la cárcel pontevedresa recordó que, en el supuesto de que el propio titular de Vigilancia Penitenciaria hubiese denegado el recurso de los presos, estos tendrían aún la opción de recurrir ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
No recurridas por el fiscal
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto analizar a lo largo del día de hoy «con calma» toda esta cuestión.
Enrique López, portavoz del CGPJ, manifestó ayer que su primera impresión tras recabar datos en Pontevedra es que se encuentra ante una decisión acordada conforme a la legislación vigente para esta jurisdicción en concreto. Además, resaltó el hecho de que, en ninguno de los tres casos anteriores, «la decisión del juez fue recurrida por el ministerio fiscal».
En este mismo sentido se pronunciaron ayer desde estamentos sindicales, quienes, si bien no compartieron el criterio del juez, sí que asumieron que estaba ajustado a la legalidad, por lo que no caben críticas. Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía lamentó que este tipo de situaciones se estén convirtiendo en hechos habituales, por lo que instaron a que se controle la manera en que se conceden los permisos penitenciarios, sobre todo en casos que generan alarma social.