recuperación La mitad de las canteras incumplen el deber de restaurar el suelo explotado

La ordenación de las minas a cielo abierto que están operativas en Galicia sigue pendiente cinco años después de la entrada en vigor de la ley de ordenación urbanística 9/2002 que habilitó un proceso excepcional para su regulación. El Valedor do Pobo ha comprobado que, de las 600 explotaciones en funcionamiento, «case a metade estarían levando a cabo plans de restauración, polo que a outra metade non o farían». Ante la evidencia de que, pese a esos y otros «incumprimentos», los requerimientos para que las empresas cumplan la normativa ambiental y las sanciones administrativas «eran escasos», la institución ha instado a la Xunta a que demande planes de restauración de los espacios naturales afectados por las actividades extractivas en las explotaciones que no cuenten con ellos o con estudios de impacto o efectos ambientales.

El Valedor también ha recomendado a las tres consellerías implicadas (Política Territorial, Medio Ambiente e Industria) que, en los casos en que se carezca de esos planes o estudios, «se inicie o correspondente expediente sancionador contra o titular da explotación que se negue ao cumprimento das esixencias de planificación da restauración». Advierte al respecto que «existe unha fundada preocupación pola proliferación e impacto natural das explotacións mineiras a ceo aberto».

Garantía económica

La institución que dirige Benigno López demanda, además, que se instrumenten las medidas de garantía económica «para asegurar a restauración de todo os espazos naturais afectados por explotacións mineiras», como establecen la Lei de Protección Ambiental de Galicia y el decreto que ordena las finanzas en ese ámbito. Finalmente, el Valedor ha pedido a la Xunta que evalúe y establezca las medidas oportunas para el funcionamiento adecuado de los yacimientos a cielo abierto, en los casos en los que se determinó alguna carencia ambiental.

En un informe remitido a la Fundación Xermán Estévez en diciembre, el Valedor corrobora a la organización ecologista que una de las carencias más comunes es la ausencia de los títulos habilitantes de actividad, es decir, de las concesiones, licencias o autorizaciones. Por ello, la institución inició hace unos meses una investigación de oficio para esclarecer el estado en que se encuentran unos 300 yacimientos (la mitad de los que funcionan en la comunidad) que operan con licencia provisional y que, de acuerdo con la disposición transitoria número 12 de la norma urbanística, podrían acogerse a un proceso de legalización.

Resolución de peticiones

Dentro de esas pesquisas, el Valedor ha solicitado información a la Consellería de Política Territorial sobre las explotaciones que han solicitado acogerse a la legalización prevista en la ley 9/2002 y sobre la resolución de esas peticiones. En su respuesta al grupo ecologista, la institución que dirige Benigno López lamenta que todavía no ha recibido respuesta del departamento autonómico.