El desembarco de Nuaria en Totana fue recibido con una enorme desconfianza por colectivos sociales y vecinales que desde hace años vienen denunciando sin éxito en Murcia la proliferación de grandes operaciones urbanísticas amparadas por un gran manto de silencio oficial. Páginas en Internet, demandas ante la Fiscalía y varios foros dan cuenta de la actividad de los denunciantes, de los que forma parte activa el grupo municipal de IU (Izquierda Unida) de Totana. Su coordinador, Juan José Cánovas, recuerda que hace un año su formación expresó en un acto público su convencimiento de que la urbanización estaba dominada por «la especulación».
Así lo reiteraba ayer Cánovas, a quien se lo hizo ver una viguesa a través de una llamada anónima el pasado año. Según el edil totanero, dicha comunicante lo puso al corriente de supuestas relaciones del grupo vigués con actividades delictivas. La página web de IU murciana identifica en general las actividades inmobiliarias llegadas a Murcia desde la Costa Blanca y la del Sol con el «narcotráfico y la trata de blancas», círculos de los que, denuncian, «procede en una parte importante» el dinero que se utiliza en las operaciones urbanísticas promovidas en la zona.
«Codicia de los maletines»
Por ello, en la denuncia pública efectuada en septiembre del año pasado, el citado cargo de la coalición de izquierdas pidió a sus convecinos que «no aceptaran cantos de sirenas, para alimentar la codicia de los maletines y comisiones». Ayer mismo Cánovas reiteró sus sospechas de que «el dinero del macroproyecto no es limpio».
Tanto IU como el PSOE, ambos en la oposición, reclamaron sin éxito información sobre los convenios urbanísticos realizados a cuenta de la operación inmobiliaria impulsada desde Vigo. Según sus datos, fueron más de 60 los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento, resultando además paradójico que sus promotores diesen por hecho en la prensa local el acuerdo de cambio de calificación del suelo, cuando el Plan General de la villa todavía está en fase de tramitación.
A mayores, mientras el gobierno local de Totana pide que no se hagan manifestaciones políticas sobre la operación para no entorpecerla, la oposición denunció ayer que muchos de los propietarios de fincas se vieron presionados para vender bajo la amenaza de la expropiación.
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